No accederán a cargos públicos ni de elección a quienes tengan denuncias de adeudos alimentarios

No accederán a cargos públicos ni de elección a quienes tengan denuncias de adeudos alimentarios y quienes ejerzan violencia de género de forma unánime, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó este decreto.

Todo el trayecto fue posible gracias al trabajo de abogadas, académicas y activistas que ciudadanizaron la política; no sólo se dieron a la tarea de redactar una propuesta de iniciativa ciudadana para evitar que agresores, violadores y deudores alimenticios lleguen al poder, sino que además, han trabajado incansablemente por socializar esta propuesta, por explicarla, por evidenciar la necesidad urgente que tiene no sólo Yucatán, si no todo el país, de legislar con perspectiva de género.

Desde el Partido Acción Nacional, también la diputada Carmen González Martínez tomó la tribuna: “Queremos representantes públicos dignos, no queremos ni permitiremos que  servidores públicos con antecedentes penales en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, ni ser deudor alimentario moroso”.

Su compañera panista y presidenta de la mesa directiva, Pilar Santos Díaz, destacó que este dictamen pone como requisito tres puntos básicos: no ser deudor alimentario, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género; “bajo la premisa consistente en que los representantes y servidores públicos, deben respetar los derechos de las mujeres como un acto obligatorio y no voluntario”.

Aseguró que este paso lleva a elevar los estándares de honestidad, ética y responsabilidad pública para quien asume un cargo público, asimismo, para que la ciudadanía exija a sus representantes poniendo por encima una cultura democrática libre de violencia.