El Partido Somos señala que existe un retraso para la entrega de recursos de parte del Gobierno de Yucatán

Ana Rosa Payán Cervera señaló al gobierno de Joaquín Díaz Mena por la falta de financiamiento que limita la operación del nuevo partido.

La exalcaldesa de Mérida y consejera nacional de Somos, Ana Rosa Payán Cervera, se pronunció sobre la controversia por la falta de entrega de financiamiento público a Somos Yucatán y señaló al gobierno encabezado por Joaquín Díaz Mena por el retraso de los recursos que, asegura, corresponden legalmente a la organización política.

Payán explicó que, después de que surtió efectos el registro del partido, la agrupación debía comenzar a recibir sus prerrogativas desde julio; sin embargo, afirmó que hasta noviembre no habían recibido los recursos correspondientes.

De acuerdo con la dirigente, el monto que les corresponde ronda los 220 mil pesos mensuales, cantidad que permitiría cubrir gastos de operación, establecer una sede y fortalecer su estructura territorial mediante la contratación de personal para trabajar en los municipios del estado.

Ante esta situación, informó que representantes del comité nacional de Somos acudieron a Yucatán para presentar un recurso ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), con la intención de que el organismo electoral lo remita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En las gestiones participaron Emilio Álvarez Icaza, representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y Carlos Ferrer, integrante del equipo jurídico nacional de Somos.

Payán expresó que esperan que el procedimiento permita resolver el conflicto y que los recursos comiencen a entregarse durante noviembre.

También cuestionó que una organización política de reciente creación enfrente dificultades para acceder al financiamiento que, sostiene, le corresponde por ley.

La exalcaldesa consideró que estos recursos son importantes para garantizar condiciones de participación entre las distintas fuerzas políticas y rechazó las críticas que cuestionan que los partidos reciban dinero público.

Argumentó que se trata de una prerrogativa establecida en la legislación electoral y no de un apoyo discrecional.

Asimismo, sostuvo que los aproximadamente 220 mil pesos mensuales representan una cantidad limitada para una organización que pretende establecer presencia en los 106 municipios de Yucatán.

Asimismo también cuestionó, la cercanía entre los colores institucionales del gobierno y los utilizados por Morena, además de señalar lo que considera un trato desigual hacia las fuerzas políticas opositoras.

Estas últimas afirmaciones corresponden a su posicionamiento político y no constituyen, por sí mismas, hechos acreditados.

La dirigente otorgó estas declaraciones en un evento al que asistió como apoyo al activismo, por la conmemoración del el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de tránsito.

La controversia abre nuevamente la discusión sobre el financiamiento público de los partidos políticos.

En Yucatán, la Ley de Partidos Políticos establece que estas organizaciones tienen derecho a recibir recursos para sostener sus actividades ordinarias, realizar actividades específicas y financiar campañas electorales.

En el caso de los partidos de nueva creación, el artículo 53 contempla una asignación equivalente al 2% del monto que corresponde a los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes.

En el año de elecciones, también pueden recibir una cantidad adicional equivalente para gastos de campaña, conforme a las disposiciones legales.

La legislación establece además que estos recursos deben entregarse mediante ministraciones y conforme al calendario presupuestal aprobado.

Por su parte, el IEPAC aprobó en octubre de 2026 un proyecto de presupuesto para 2027 por 631.5 millones de pesos, de los cuales más de 212.8 millones se contemplan para el financiamiento de partidos políticos y candidaturas independientes, incluido el destinado a la obtención del voto.

El caso de Somos Yucatán coloca sobre la mesa el cumplimiento de las obligaciones de financiamiento público y la responsabilidad de las autoridades electorales y estatales en la entrega de los recursos, en vísperas del proceso electoral de 2027.

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Redacción
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