Las pesquisas contra el despacho Armacont por lavado de dinero y fraude fiscal alcanzan a la Universidad Politécnica de Yucatán a través de su director administrativo. Con sueldo de 60 mil pesos, viaje a Japón y autos de lujo, el responsable del erario universitario enfrenta cuestionamientos por presuntas adjudicaciones directas y nexos familiares.
El reciente despliegue de corporaciones federales contra un despacho contable privado destapó un esquema de parentesco directo que conecta las finanzas del centro de educación superior estatal con indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El epicentro de la controversia recae en Carlos Enrique Arcila Martínez, actual Director de Administración y Finanzas de la institución educativa.
Paradójicamente, el funcionario también preside el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la UPY, un órgano diseñado para vigilar la rectitud del manejo interno.
Sin embargo, su posición se encuentra bajo escrutinio público no solo por la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, sino por la cercanía judicial que enfrentan sus lazos consanguíneos.
El pasado 19 de octubre de 2026, elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) catearon las oficinas de la firma contable Armacont, abreviatura de los apellidos Arcila Martínez.
Dicha empresa es propiedad directa de Luis Roberto Arcila Martínez, hermano del director financiero de la universidad.
Las investigaciones ministeriales federales persiguen esquemas de blanqueo de capitales dentro del despacho, lo cual encendió las alertas en el sector educativo sobre el eventual desvío o triangulación de partidas públicas universitarias.
Como director de Administración y Finanzas, Carlos Enrique Arcila tiene bajo su mando el control integral de las arcas institucionales, la aprobación del padrón de contratistas y la facultad para otorgar adjudicaciones directas.
Para el ejercicio fiscal 2026, la UPY recibió una partida presupuestal de 29 millones 810 mil pesos.
De esta bolsa global, la asignación de contratos clave carece de transparencia, despertando señalamientos de la comunidad educativa ante la falta de claridad en las licitaciones y en la identidad de las razones sociales beneficiadas.
Entre los contratos observados destaca el servicio de vigilancia de las instalaciones, rubro al que se destinó un millón 680 mil pesos anuales, equivalentes a un desembolso de 140 mil pesos mensuales, asignado de forma directa por el área administrativa.
Estos montos contrastan fuertemente con la política de austeridad promovida a nivel estatal y con la precariedad de la plantilla académica: mientras un profesor titular “A” percibe 24 mil 200 pesos mensuales, el director financiero cobra 60 mil 485 pesos en el mismo lapso.
La brecha de ingresos y el estilo de vida de Carlos Enrique Arcila (marcado por vehículos de gama alta y recientes vacaciones familiares en Japón) han agudizado las presiones de diversos sectores que demandan una auditoría externa profunda e inmediata.
Académicos de la UPY critican la vida ostentosa del administrador: “Un día llega en un Mercedes Benz, al otro en un Tesla, o en un BMW…”, afirman.
Pese a la gravedad de los presuntos nexos con la delincuencia de cuello blanco, la rectoría de la universidad, a cargo de Aaron Rosado Castillo, no ha emitido postura formal sobre el caso.
