La plataforma clandestina comercializa contenido íntimo mediante suscripciones y doxxeo en los tres estados peninsulares; colectivas civiles exhiben omisiones ministeriales, revictimización oficial y nulos castigos, alertando que el mercado digital escala rápidamente hacia el acoso físico y la trata sexual.
En Yucatán, Quintana Roo y Campeche, la plataforma “Packs de México” expone una red que comercializa material íntimo obtenido violentamente. Las instituciones muestran apatía frente a más de 200 denuncias acumuladas entre 2018 y enero de 2026, sin registrarse una sola sentencia condenatoria en la región.
Fernanda Medellín, representante de Defensoras Digitales Latam, expone: “La violencia digital trastoca más allá de las pantallas; genera ansiedad, persecución y detona violencias escolares, físicas, violencia sexual e incluso trata de personas”.
Una víctima, identificada como Rebeca, relata: “Tenía 15 años; en la escuela me señalaban, hablaban de mi cuerpo y hasta mi familia sentía vergüenza. Enfrentamos a autoridades que aún creen que el problema se acaba apagando el teléfono”. Las fiscalías no han actuado para dar de baja el sitio web ni sus contenidos ilícitos.
Emmy Puerto, representante del Frente Nacional para la Sororidad en Yucatán, indica que esta red opera como un mercado negro digital por suscripción y monetización con la difusión no consentida por parejas o conocidos, extorsión, robo en talleres de telefonía, hackeos, tomas clandestinas (upskirting) y manipulación con inteligencia artificial (deepfakes).
Una vez que se tiene todo el material, este se clasifica por estado, municipio y escuela, difundiendo nombres, teléfonos y perfiles de redes para facilitar el acoso.
Para ello se usan canales de Telegram para enganchar clientes y venden membresías VIP a carpetas en la nube (Mega, Google Drive o servidores offshore) cobradas en tiendas de conveniencia o transferencias. Quienes no pagan obtienen acceso entregando material inédito de mujeres locales (“trade”), denuncia Emmy Puerto.
La incidencia responde a densidad escolar, laboral y entornos turísticos:
En Mérida el foco se ubica en preparatorias, universidades y centros laborales. En Kanasín y Umán convergen acoso comunitario y vecinal. En Tizimín y Valladolid existen cadenas de difusión en secundarias y bachilleratos agravadas por el estigma social. En Progreso se asocia a la interacción juvenil de temporada vacacional.
En Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez Cancún, es donde se concentra el mayor volumen de denuncias por su infraestructura y anonimato urbano.
En Solidaridad vulnera a trabajadoras del sector hotelero y turístico. En Tulum se vincula a vida nocturna y fiestas privadas, y en Othón P. Blanco a entornos escolares e institucionales.
Por lo que hace a San Francisco de Campeche este fenómeno predomina en universidades. En Ciudad del Carmen afecta a trabajadoras de la industria petrolera, mientras que en Champotón y Escárcega impacta comunidades escolares.
Las policías cibernéticas carecen de software y peritos para rastrear IPs dinámicas o servidores extranjeros. Además, el ministerio público revictimiza condicionando la denuncia o sugiriendo “cerrar redes”.
“Hay un retroceso porque las víctimas denuncian, son juzgadas por ministerios públicos y no pasa nada; los agresores siguen libres y los sitios operando”, aseveran Tania Ramírez y Yunitzilim Rodríguez, de la Red Feminista Quintanarroense y el Colectivo Siempre Unidas.
Y alertan que el catálogo digital es antesala directa de la explotación sexual física. Asimismo, Olimpia Coral Melo ha sentenciado que las fiscalías tienen facultades cautelares para solicitar la baja de contenidos y dominios, por lo que su inacción peninsular constituye complicidad por negligencia.
