Los inconformes consideran que el nombramiento deja de lado una condición fundamental para garantizar que los pueblos originarios puedan ejercer y defender sus derechos sin barreras de comunicación.
La contradicción quedó expuesta frente a las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac): una defensoría creada para proteger los derechos político-electorales del pueblo maya tiene ya una titular, pero representantes indígenas cuestionan que no pueda hablar la lengua de las comunidades a las que deberá atender.
Juan Alberto Baas Tec, acompañado de habitantes de Valladolid, Tekax, Mérida y Hunucmá, protestó contra la designación de Citlali Leticia Chan Carrillo, aprobada por el Consejo General el 29 de octubre.
Los inconformes consideran que el nombramiento deja de lado una condición fundamental para garantizar que los pueblos originarios puedan ejercer y defender sus derechos sin barreras de comunicación.
“Una defensoría que no habla maya es una defensoría muda para el pueblo maya”, expresó Baas Tec, quien aseguró que la funcionaria designada entiende la lengua, pero no la habla ni la escribe.
El reclamo también apunta al proceso de selección. El representante sostuvo que entre las aspirantes había una mujer mayahablante, con certificación como intérprete en el ámbito de la justicia, pero cuestionó las diferencias en las calificaciones que recibió en las entrevistas.
“Eso no es una evaluación objetiva, es una puerta abierta a la arbitrariedad”, afirmó. Por ello, exigió que se publiquen las grabaciones de las entrevistas y se expliquen los criterios utilizados por cada consejería, además de investigar cualquier posible acto de discriminación.
La protesta ocurre después de más de tres años de gestiones y litigios para conseguir que la defensoría se instalara. Baas Tec recordó que desde 2024 presentaron solicitudes ante el instituto y recurrieron a tribunales para exigir su funcionamiento.
La demanda va más allá de contar con una oficina. También exige personal jurídico que hable maya, presupuesto suficiente y un comité de vigilancia ciudadana que permita a las comunidades supervisar las decisiones del organismo electoral.
