Las autoridades negaron que la “carta intensión” firmada en la administración pasada, genere algún tipo de obligación con el país de Israel.
En respuesta al Comité de Solidaridad con Palestina en Yucatán, quien el pasado de 18 de octubre convocó a una movilización en Mérida en protesta a una posible colaboración de empresas israelíes en la entidad, el Gobierno del Estado negó tener contratos vigentes o algún tipo de relación con el país señalado por genocidio.
A través de un oficio que respondió al posicionamiento entregado por el Comité después de la marcha, el gobierno de Joaquín Díaz Mena explicó que la carta intención firmada con la embajada de Israel en la pasada administración no genera ninguna obligación de cooperación ni de inversión.
“Una carta de intención es un documento en el que las dos partes expresan su interés en explorar una colaboración a futuro. Constituye un instrumento de intención política que no es un tratado internacional ni un acuerdo que genere compromisos, es decir, no crea obligaciones ni otorga derechos, no fija inversiones, montos ni contratos y por sí sola no autoriza obras, compras, concesiones ni proyectos”.
Representantes del Comité se reunieron frente a Palacio de Gobierno, desde donde leyeron la respuesta del gobierno estatal a su pliego petitorio, en la que también explica que la participación en la Expo Agro Innovación 2026 fue únicamente como anfitrión y facilitador del espacio y no implicó la firma de acuerdos de inversión ni compromisos institucionales con las empresas.
También aseguró que, tras una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, se constató que el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán no registra relación contractual ni compromiso comercial vigente con las 10 empresas señaladas por el Comité.
“Se reconoce que dos de las entidades señaladas, Mekorot e Israel Trade and Investment, tienen vínculo directo con el Estado de Israel. Respecto de ambas, la revisión no identificó relación contractual vigente con el Gobierno del Estado”.
Sobre la petición de protección al agua, la respuesta señala que cualquier inversión requiere sus propios procedimientos y autorizaciones legales y la carta de intención no sustituye ninguno.
Para continuar con el diálogo, el Ejecutivo invitó a representantes del Comité a llevar a cabo una mesa de diálogo e información, la cual propuso para el 6 de noviembre al mediodía en las oficinas de la Secretaría General del Gobierno.
Frente a esta respuesta, el Comité de Solidaridad con Palestina anunció que se tomará unos días para analizar el contenido e informar si participará en esta reunión.
Sin embargo, destacó que su posicionamiento es el mismo: no aceptar la entrada de inversión de Israel en el estado.
“No queremos formar parte de esa economía de guerra y muerte, por lo que resulta necesario examinar toda relación comercial inversionista en la península. No dejaremos que quienes perpetúan la escasez y el genocidio palestino tengan acceso y control a nuestra agua, campo y vida. No le permitiremos el paso a nuestro territorio a un Estado ilegítimo que enfrenta un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, declararon representantes.
