Las autoridades presentaron cuatro acciones para poner un control más rígido en esta industria alimentaria.
Después de una semana marcada por denuncias sobre contaminación del agua, reclamos de comunidades mayas, negación de parte del gremio porcícola y la revelación de sanciones millonarias contra estas empresas, el Gobierno de Yucatán anunció que no autorizará nuevas granjas y reforzará la vigilancia sobre las que ya operan.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) presentó cuatro acciones para endurecer el control de esta actividad: frenar nuevas autorizaciones, instalar una red de monitoreo de la calidad del agua con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exigir inversiones en tratamiento de aguas residuales y ampliar la coordinación con Semarnat y Profepa para inspeccionar y sancionar incumplimientos.
El anuncio llega después de que hace apenas tres días, Greenpeace México las comunidades de la Red To’oné Ja’o’on presentaran los resultados de análisis realizados en pozos y cenotes de Yucatán. En dicho reporte, la organización informó que 17 puntos de muestreo presentaron contaminación por materia orgánica, bacterias, exceso de nutrientes y distintos indicadores fecales.
También retomó estudios comunitarios del 2024 y del 2026 en los que se utilizó el marcador molecular Pig2Bac para detectar material asociado con heces de cerdo en determinados sitios.
Los 17 análisis difundidos esta semana no equivalen a 17 detecciones directas de contaminación atribuible a granjas específicas. Los marcadores de origen porcino corresponden a investigaciones adicionales realizadas en otros momentos y puntos.
Greenpeace sostiene que el conjunto de evidencias refuerza la relación entre actividad porcícola y deterioro del agua, pero identificar una fuente concreta requiere estudios adicionales e inspecciones oficiales.
Un día después, la Profepa informó que las multas acumuladas contra empresas del sector porcícola en Yucatán alcanzan 105.8 millones de pesos. También reportó 18 inspecciones realizadas durante el 2025 y el 2026, con medidas correctivas y una clausura total definitiva.
Las sanciones económicas no corresponden exclusivamente a esas 18 visitas, pues incluyen procedimientos iniciados en años anteriores. El caso más avanzado es el de Pecuaria Peninsular, en Santa María Chí, donde la autoridad federal ordenó el cierre definitivo de la instalación y el retiro de más de 41 mil cerdos.
En ese contexto, el Gobierno estatal aseguró que no se ha autorizado la apertura de nuevas granjas porcícolas. La decisión, según la SDS, busca priorizar la regularización de las instalaciones existentes antes de permitir cualquier expansión. La medida adquiere relevancia porque Greenpeace ha advertido que parte de la actividad porcícola se desarrolla en zonas de alta sensibilidad ambiental.
La organización señala que 42 granjas identificadas en Yucatán, se encuentran dentro de áreas consideradas prioritarias, entre ellas el Anillo de Cenotes y reservas naturales. La SDS sostuvo que las características del suelo kárstico obligan a reforzar las medidas de prevención.
En Yucatán, la roca caliza permite una rápida infiltración del agua, lo que facilita también el desplazamiento de contaminantes hacia el subsuelo. Por ello, cualquier descarga deficiente puede alcanzar el acuífero con mayor facilidad que en regiones con suelos menos permeables.
La segunda medida será instalar equipos de monitoreo continuo de la calidad del agua en puntos estratégicos del estado. El proyecto se realizará en coordinación con la UNAM y otros centros de investigación. El objetivo es contar con información constante que permita detectar cambios en la calidad del agua y responder con mayor rapidez cuando aparezcan alteraciones.
El anuncio responde a uno de los principales reclamos planteados por comunidades mayas durante los últimos meses: disponer de información pública y permanente sobre el estado del acuífero.
Hasta ahora, buena parte de los datos disponibles proviene de estudios puntuales realizados por organizaciones civiles, universidades o dependencias gubernamentales en distintos periodos. Una red permanente permitiría observar tendencias y comparar condiciones entre regiones. Sin embargo, el Gobierno estatal no informó todavía cuántos equipos serán instalados, en qué localidades estarán ubicados ni cuándo comenzarán a operar.
La tercera línea de acción se concentra en las descargas. Las empresas deberán invertir en sistemas de tratamiento de aguas residuales capaces de cumplir con los límites establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021. La intención oficial es elevar los estándares antes de que los desechos sean descargados o reutilizados.
La cuarta medida busca consolidar la coordinación entre autoridades estatales y federales. Yucatán cuenta desde febrero con un convenio entre el Gobierno estatal, Semarnat y Profepa para fortalecer la evaluación ambiental y realizar acciones conjuntas de inspección y vigilancia.
El nuevo anuncio plantea profundizar ese trabajo. La diferencia estará en los resultados. Las comunidades han insistido no solo en que se realicen visitas, sino en que se hagan públicos los hallazgos, sanciones y medidas de reparación.
Greenpeace y la Red To’oné Ja’o’on señalaron esta semana que persisten procedimientos cuyos resultados completos no han sido informados a los habitantes de las zonas afectadas.
La secuencia de los últimos días muestra que el debate sobre la porcicultura entró en una nueva etapa. Primero, Greenpeace presentó evidencia de contaminación en pozos y cenotes y reclamó medidas más estrictas. Después, Profepa reveló sanciones superiores a 100 millones de pesos, 18 inspecciones y una clausura definitiva. Ahora, el Gobierno estatal responde con un esquema que promete frenar nuevas autorizaciones, vigilar el agua de manera continua y exigir mayor infraestructura de tratamiento.
El desafío será comprobar si estas medidas se traducen en resultados verificables.
