Entre 2022 y 2026 se han documentado al menos 27 agresiones contra periodistas en Yucatán, mientras que activistas y comunidades enfrentan criminalización, amenazas y hostigamiento judicial.
Yucatán no está exento de enfrentar condiciones de riesgo para la libertad de expresión, la protesta social y la defensa del territorio, advirtieron integrantes del Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta y del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC), quienes señalaron la criminalización, la estigmatización y la deslegitimación como factores que pueden anteceder a agresiones físicas.
Durante la presentación de la campaña “Proteger la dignidad” para visibilizar las políticas de protección dirigidas a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, Hugo Arriola, integrante de Espacio OSC, expuso cifras sobre las agresiones documentadas en Yucatán y llamó a reconocer que la ausencia de registros amplios de violencia letal no significa que las personas que realizan estas labores estén fuera de peligro.
“De acuerdo con los datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en Yucatán se tiene registro de 37 personas beneficiarias desde la creación de esta instancia: 12 mujeres y 25 hombres. Del total, 26 son personas defensoras de derechos humanos y 11 periodistas”, explicó.
Asimismo, citó información de Artículo 19, organización integrante de Espacio OSC, que documentó 12 agresiones contra periodistas en Yucatán durante 2025.
Es por este panorama que ayer 23 de octubre organizaciones de la sociedad civil presentaron la campaña «Proteger la Dignidad», una iniciativa que busca visibilizar los riesgos de estas labores y promover mejores condiciones de protección para quienes las ejercen; la cual tiene el propósito de reconocer la importancia que tienen estas actividades para la sociedad y colocar su protección como una prioridad en la agenda pública.
Durante la presentación, las organizaciones señalaron que, pese a la importancia del periodismo y la defensa de los derechos humanos para la vida democrática, quienes realizan estas labores continúan enfrentando distintos tipos de violencia, sin que existan condiciones suficientes para garantizar su seguridad.
Las organizaciones advirtieron que estas agresiones no solamente afectan la integridad y el trabajo de las personas periodistas, sino que también tienen consecuencias para la sociedad, al limitar el acceso a información de interés público y obstaculizar la investigación y difusión de problemáticas sociales.
En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, señalaron que enfrentan procesos de criminalización, detenciones, campañas de estigmatización y desprestigio, así como hostigamiento judicial, situaciones que pueden dificultar o impedir la continuidad de sus actividades.
Estas violencias ocurren en un contexto marcado por diversos conflictos socioambientales en Yucatán, particularmente aquellos relacionados con la contaminación del agua, la expansión de granjas porcícolas, la especulación inmobiliaria, el despojo territorial, la tala ilegal y la falta de infraestructura y saneamiento urbano.
En estos escenarios, habitantes de comunidades y personas defensoras que denuncian afectaciones ambientales o exigen el respeto a sus derechos pueden enfrentar presiones y represalias por cuestionar proyectos económicos o decisiones de las autoridades.
Frente a esta situación, las organizaciones destacaron que resulta indispensable fortalecer las políticas públicas de protección mediante mejores marcos normativos y una mayor coordinación entre instituciones gubernamentales, organizaciones civiles, periodistas y personas defensoras.
Uno de los principales planteamientos de la campaña es que el reconocimiento de estas labores no permanezca únicamente en el discurso, sino que se traduzca en medidas concretas para prevenir agresiones, atender situaciones de riesgo y garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias.
Como parte de las exigencias, las organizaciones también hicieron un llamado al Congreso del Estado de Yucatán para aprobar de manera íntegra el paquete de reformas legislativas impulsado por el Oplep y Amnistía Internacional México, que busca eliminar disposiciones utilizadas para criminalizar la protesta social y el ejercicio periodístico.
La propuesta, presentada formalmente esta semana por la diputada Clara Paola Rosales Montiel, contempla la derogación de los llamados delitos contra el honor, entre ellos la difamación, la calumnia y la injuria, así como modificaciones a otras disposiciones legales que pueden utilizarse para restringir la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
Las organizaciones insistieron en que contar con un marco legal que garantice estos derechos es una condición necesaria para evitar que periodistas, activistas y comunidades enfrenten procesos judiciales como consecuencia de sus denuncias o manifestaciones.
La campaña «Proteger la Dignidad» también pretende impulsar una mayor articulación entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades para mejorar los mecanismos de prevención, atención y protección de quienes se encuentran en situaciones de riesgo.
El objetivo es colocar en el centro de la discusión pública la importancia de las personas que defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo, así como reconocer que sus actividades contribuyen a documentar abusos, denunciar injusticias y exigir la rendición de cuentas de las instituciones.
El Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta, presentado en septiembre de 2026, está integrado por Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán, Reflexión y Acción Feminista y Kanan Derechos Humanos.
Por su parte, el Espacio OSC reúne a organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la protección de periodistas, entre ellas ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), entre otras.
Con esta campaña, ambas agrupaciones buscan que la protección de periodistas y personas defensoras deje de ser una demanda pendiente y se convierta en una responsabilidad efectiva de las instituciones, especialmente en un estado donde la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos colectivos continúa generando conflictos y riesgos para quienes alzan la voz.
