Ante las preocupaciones por los posibles daños ambientales de la actividad porcícola, el Gobierno de Yucatán mantendrá sin autorización la apertura de nuevas granjas y centrará sus esfuerzos en regularizar las instalaciones que ya funcionan, así como en reforzar las inspecciones para prevenir la contaminación del agua.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) reconoció la importancia de vigilar esta actividad por las características del territorio yucateco, cuyo suelo kárstico y acuífero altamente permeable elevan la necesidad de proteger las fuentes de abastecimiento frente a posibles contaminantes.
Uno de los ejes de la estrategia es impulsar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales en empresas porcícolas, mediante convenios con la Federación. Según la dependencia, estas obras permitirán mejorar los procesos de saneamiento y reducir los riesgos ambientales derivados de la operación de las granjas.
En materia de vigilancia, el estado trabaja con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para coordinar inspecciones y sanciones. La colaboración quedó establecida mediante un convenio marco firmado el 3 de octubre de 2025 y otro específico suscrito el 7 de abril de 2026.
A estas acciones se sumará una red de monitoreo en tiempo real de la calidad del agua en puntos estratégicos de la entidad, desarrollada con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México y centros de investigación. El sistema busca identificar oportunamente cambios en las condiciones del agua y aportar evidencia científica para la toma de decisiones.
La dependencia estatal afirmó que continuará la coordinación con autoridades federales, academia y sociedad civil para vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y buscar que la producción porcícola se desarrolle sin comprometer los recursos naturales de Yucatán.
