Los manifestantes de estos municipios anteriormente han destacado que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos no sirve para nada en la solución de conflictos al contrario indican, porque refuerza el despojo del patrimonio que realiza el INAH.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Juzgado 5o. de Distrito han cerrado todas las vías de diálogo y justicia para los habitantes de las comisarías de Pisté y Telchaquillo, quienes demandan respeto a sus derechos indígenas.
Ambas comunidades sostienen la defensa de su derecho al patrimonio por la vía legal, con nulo avance, y reportan graves afectaciones a la economía de sus familias por el cierre del Parador Turístico original de la zona arqueológica de Chichén Itzá.
En rueda de prensa el martes pasado, Pablo Euán Cen, representante del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté de Chichén Itzá; Filiberto Martín Uc, presidente del comisariado ejidal de Telchaquillo (Tecoh), y Álvaro Mena, asesor jurídico de los grupos en lucha, destacaron que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos no sirve para nada en la solución de conflictos; todo lo contrario, porque refuerza el despojo del patrimonio que realiza el INAH porque la dependencia aplica la anticuada Ley Federal sobre Monumentos Históricos que data de 1972.
Esta ley antigua, sostuvieron, refuerza el poder del INAH para cometer el despojo, por lo que exigieron la armonización de esa anticuada ley con el Artículo 2o. de la Constitución federal, que reconoce el patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
“No hay avance ni respuestas”, recalca la vocera de estas comunidades mayas. “Hace tres meses se envió una solicitud formal al INAH para que reanude el diálogo sobre la reapertura del Parador Turístico, pero no responde. La mesa de negociación y el acuerdo para que los artesanos vendan en sus lugares están suspendidas”.
En un comunicado de prensa, los líderes de esas comunidades mayas recalcan que Pisté y Telchaquillo no han guardado silencio por los hechos porque realizan marchas, movilizaciones y acciones legales para la defensa de su patrimonio y continúan con su vida cotidiana, mientras esperan que llegue la justicia.
Es una lucha desigual porque el INAH y otras instituciones del Estado actúan contra las comunidades indígenas de Pisté y Telchaquillo, reconocen. Y lo ven hoy porque el amparo que tramitaron por la imposición del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) como único acceso a Chichén Itzá no ha sido admitido ni desechado por el Juzgado 5o. de Distrito
“Hay fuerzas moviéndose para no hacer justicia a los indígenas mayas”, subraya a vocera.
“El amparo por el cierre del parador turístico de Cultur sin la consulta respectiva a la comunidad y artesanos se hizo de mala fe. El juzgado 5o. de Distrito no encontró elementos para desechar el amparo y lo envió al Tribunal Colegiado, que tampoco dicta sentencia”.
También reportan que el cierre del parador tradicional tiene fuerte impacto económico en toda la comunidad, desde artesanos, guías de turistas, taxistas y comerciantes, por la baja asistencia de turistas porque ya constataron que el Catvi funciona mal: visitantes sufren desmayos por golpes de calor, se caen y sufren heridas por las obras mal planeadas y mal ejecutadas.
El Concejo presentó el amparo el 26 de mayo pasado. Lleva más de cuatro meses sin tener un avance y tal parece que con este retraso el juez apuesta al cansancio de la comunidad.
Sobre la situación del ejido de Telchaquillo, propietario de las tierras donde está asentada la ciudad maya de Mayapán, insisten que no está en venta, por lo que rechazaron de nuevo la intención del INAH de apropiarse de las tierras de la zona arqueológica de Mayapán por medio de una “expropiación convenida”.
“No creemos que la protección del patrimonio tenga que ser a costa de los derechos del pueblo que lo construyó”, dijo Filiberto Martín. “El juicio agrario sigue en etapa de pruebas. En diciembre de 2025, tras un amparo ganado por el ejido, el Tribunal Unitario Agrario ordenó al INAH no firmar el convenio de ocupación ni hacer el pago, pero la expropiación no quedó suspendida”.
Aunque el INAH aseguró a los ejidatarios, durante el diálogo en las mesas de negociación, que no realizará dicha expropiación, este ofrecimiento fue verbal y no consta en ningún documento.
El INAH ha cerrado el canal de diálogo con Telchaquillo desde el 5 de junio pasado y no responde al oficio para reanudarla. Tampoco quiere firmar el convenio de coadministración de Mayapán, como demanda la comunidad, pero con la empresa turística Xcaret sí firmó desde 1994 para que esta funcionara en la zona arqueológica de Polé.
A esta distinción la califican como racismo estructural y exigen que el INAH también firme con Telchaquillo para la coadministración de Mayapán, que se desista por escrito de cualquier expropiación y que cese la criminalización contra quienes defienden a la comunidad.
En este encuentro, los grupos de Ixil, Seyé, Isla Arenas y Campeche se solidarizaron con los inconformes.
