La falta de participación de las comunidades mayas en las decisiones sobre Chichén Itzá y Mayapán escaló a una disputa legal y a una exigencia de cambios en la legislación federal. Habitantes de Pisté y Telchaquillo demandan que se reconozca su derecho a coadministrar ambos sitios arqueológicos y recibir beneficios de su actividad, al acusar que las autoridades mantienen el control sin garantizar su participación.
En Pisté, la instalación de un nuevo acceso a Chichén Itzá y el cierre del parador tradicional provocaron inconformidad por sus repercusiones en la economía local. Pablo Euán, integrante del Concejo Indígena de Gobierno, señaló que las medidas se aplicaron sin consultar a la población y afectan a comerciantes, artesanos, taxistas, mototaxistas y guías turísticos. En el antiguo parador, además, se instaló en agosto una base permanente de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.
La comunidad llevó el conflicto a los tribunales el 26 de mayo, cuando promovió un amparo contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Gobierno de Yucatán y Cultur. La demanda busca impugnar las decisiones tomadas sin consulta, recuperar el acceso tradicional y retirar la instalación policial. El 8 de octubre, un tribunal colegiado determinó que los planteamientos deberán analizarse al dictarse sentencia; el juicio sigue abierto.
En Telchaquillo, la exigencia se concentra en Mayapán, zona arqueológica que permanece cerrada. El comisariado ejidal reclama un convenio de coadministración con el INAH, el desistimiento por escrito de cualquier intento de expropiación y el cese de la criminalización contra defensores del territorio. La comunidad sostiene que no busca sustituir las funciones técnicas del instituto, sino intervenir en las decisiones sobre un espacio que considera parte de sus tierras y patrimonio sagrado.
Las dos localidades también cuestionaron que la legislación federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, vigente desde 1972, no reconozca expresamente su participación en la administración de estos espacios. Por ello, pidieron incorporar sus demandas a la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el argumento de que los avances constitucionales y legales en materia indígena deben reflejarse en el manejo del patrimonio cultural.
La disputa ocurre mientras las visitas a Chichén Itzá registraron una caída entre junio y septiembre: pasaron de 696 mil 363 en 2025 a 573 mil 112 en 2026. Euán aclaró que la comunidad no rechaza el turismo ni las medidas de seguridad, sino las decisiones que se toman sin su consentimiento y que, asegura, perjudican la economía de las familias que dependen de la actividad turística.
Las comunidades exigieron reanudar el diálogo con las autoridades y garantizar la consulta previa, libre e informada antes de adoptar nuevas medidas en las zonas arqueológicas. También solicitaron que la futura legislación reconozca su derecho a administrar o coadministrar los sitios heredados de sus antepasados. En Pisté, las próximas acciones se definirán en asamblea, mientras sus representantes advierten que las pérdidas económicas aumentan la presión sobre las familias.
