El dato identifica hogares en los que al menos uno de sus miembros reportó haberse mudado por motivos relacionados con inseguridad o violencia, incluidas las catástrofes naturales.
En Yucatán, 9 mil 900 hogares tenían en el 2025 al menos una persona que había cambiado de residencia a causa de la violencia o la inseguridad delictiva, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del Inegi. En esas viviendas habitaban aproximadamente 29 mil 300 personas.
La cifra no significa que todos esos integrantes hayan abandonado su lugar de residencia por esa causa. El dato identifica hogares en los que al menos uno de sus miembros reportó haberse mudado por motivos relacionados con inseguridad o violencia.
La distinción es importante porque permite dimensionar el alcance familiar del problema sin convertir a todos los habitantes del hogar en víctimas directas de desplazamiento. Otros 2 mil 500 hogares, tuvieron un integrante que se cambió de residencia por catástrofes naturales o provocadas por actividades humanas.
En ellos vivían alrededor de 8 mil 100 personas. Los datos incorporan una dimensión poco visible en el panorama demográfico estatal: además de empleo, vivienda o acceso a servicios, miles de familias han experimentado movimientos residenciales asociados con condiciones adversas.
La encuesta no permite, con la información disponible, establecer si esos cambios ocurrieron dentro de Yucatán, desde otros estados hacia la entidad o en sentido contrario, ni identificar qué hechos específicos los provocaron.
El panorama de vivienda muestra otro contraste. En el 2025, 98.7% de las viviendas tenía agua entubada, pero únicamente 15.3% estaba conectado a la red pública de drenaje. La mayoría, 80.3%, dependía de fosas o tanques sépticos. Otro 4.1% carecía de drenaje, aunque esa proporción representa una mejora respecto del 2020, cuando alcanzaba 7.7%. El dato confirma que la cobertura de agua prácticamente alcanza a toda la entidad, mientras la infraestructura de saneamiento continúa descansando principalmente en soluciones individuales y no en una red pública.
En cinco años también cambió con rapidez la manera en que los hogares se conectan. El acceso a internet pasó de 55.3% en 2020 a 79.3% en 2025, un avance de 24 puntos porcentuales.
El acceso a teléfono celular aumentó de 88.7 a 94.2%. En cambio, la telefonía fija siguió el camino contrario: bajó de 28 a 20.7%, reflejo de un cambio en los hábitos de comunicación y del desplazamiento de servicios tradicionales por conexiones móviles.
Otro cambio relevante aparece en las fuentes de recursos familiares. En el 2025, 53.4% de los hogares tenía al menos un integrante que recibía dinero de una fuente distinta al trabajo, frente a 46.1% cinco años antes. En este rubro el mayor aumento se concentró en los programas gubernamentales. Los hogares con algún beneficiario de apoyos públicos pasaron de 32.5 a 45.6%, un crecimiento de 13.1 puntos porcentuales. También aumentaron, aunque en menor proporción, aquellos que recibían jubilaciones o pensiones: de 17 a 18.9%.
Así, el conjunto de los indicadores mencionados deja una fotografía de contrastes: mayor conectividad digital, amplia cobertura de agua y más ingresos provenientes de transferencias, pero una cobertura limitada de drenaje público y miles de hogares donde la inseguridad, la violencia o las catástrofes ya influyeron en decisiones tan importantes como cambiar de residencia.
