Codhey suma ocho recomendaciones este año por presuntas violaciones a derechos humanos.
Una vez más agentes policíacos de corporaciones municipales son acusados de violar garantías individuales de ciudadanos, lo que dio pie a nuevas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
En el caso de dos municipios, Mérida y Kanasín, se denunciaron detenciones ilegales por parte de uniformados, y en Kinchil policías locales vulneraron el derecho a la libertad de expresión.
En el caso de Kanasín, la queja se interpuso en mayo de 2021 y las garantías individuales vulneradas fueron el derecho a la libertad personal en su modalidad de detención ilegal, así como el derecho a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública. La autoridad responsable son servidores públicos de la Policía Municipal de Kanasín y la recomendación se dirigió a su alcalde.
Codhey recomienda, como garantía de satisfacción, iniciar ante las instancias competentes el procedimiento administrativo y/o disciplinario en contra de tres agentes policíacos municipales.
Esto a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a los derechos humanos del ciudadano quejoso.
El procedimiento y sus resultados deberán agregarse al expediente personal de los servidores públicos involucrados, con independencia de que actualmente se encuentren o no en funciones dentro de la corporación.
En atención a esta garantía de satisfacción, dice la Codhey, se deberá agilizar el trámite y resolución del procedimiento administrativo y/o disciplinario que se sustancie en contra de los servidores públicos infractores.
Se pide imponer las sanciones administrativas que correspondan conforme a su grado de responsabilidad.
Asimismo, la instancia de control que conozca del asunto deberá, en caso de advertir la posible comisión de hechos con relevancia penal, ejercitar las acciones necesarias ante la fiscalía competente, hasta sus últimas consecuencias legales.
También se recomienda impartir cursos de capacitación obligatorios a los servidores públicos de la Policía Municipal de Kanasín que se desempeñan en operativos de alcoholimetría y capacitarlos respecto de la elaboración de los Informes Policiales Homologados que levanten con motivo de sus funciones.
Esto, para que estén apegados a las actividades e investigaciones que realicen, con datos y hechos reales, evitando información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.
Además, se recomienda someter a dos policías municipales a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto a las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones.
En su caso, se deberán tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos.
Sobre la recomendación a la presidenta municipal de Mérida, es por la detención ilegal de una mujer en enero de 2021 a cargo de agentes municipales. Las garantías individuales vulneradas fueron el derecho a la libertad personal y el derecho a la legalidad y seguridad jurídica. La autoridad responsable son servidores públicos dependientes de la Policía Municipal.
En este asunto la Codhey recomienda, entre otras cosas, iniciar ante las instancias competentes un procedimiento administrativo en contra de siete agentes municipales, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la transgresión a los derechos humanos de la ciudadana.
En atención a esa garantía de satisfacción, se deberá agilizar el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de las personas servidoras públicas.
Y, en ese procedimiento deberá tomarse en cuenta el contenido de la recomendación, y vigilarse que este se siga con legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad, se indica.
También se solicita impartir cursos de capacitación y actualización a los agentes involucrados cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos.
Una recomendación más fue para el Cabildo de Huhí por la denuncia de una ciudadana por problemas que enfrentó tras una donación de un terreno del fundo legal a cargo de las autoridades municipales en 2021. Se vulneraron sus derechos a la propiedad o posesión y a la legalidad y seguridad jurídica.
Como garantía de satisfacción, se recomienda iniciar ante las instancias competentes el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda en contra de un exalcalde y un exsecretario municipal.
Se precisa que aun cuando esas personas ya no forman parte de la administración de ese Ayuntamiento, la conclusión de su encargo no extingue su responsabilidad ni los exime de ser investigados y sancionados por los actos u omisiones cometidos durante su gestión.
Asimismo, se solicita capacitar al área competente encargada de analizar y determinar los otorgamientos de títulos de propiedad de lotes de fundo legal a las personas físicas y/o morales, tomado como base el contenido de la resolución.
Otra recomendación de la Codhey estuvo dirigida al alcalde de Kinchil. Según la instancia, agentes municipales vulneraron el derecho a la libertad en su modalidad de libertad de expresión y el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su particularidad de ejercicio indebido de la función pública. El afectado fue un reportero.
Se recomienda iniciar de manera inmediata ante las instancias competentes un procedimiento disciplinario y/o administrativo en contra de una agente femenil y un comandante de la corporación de Kinchil.
Asimismo, se pide que todos los servidores públicos que integran la Policía Municipal de Kinchil sean capacitados en el conocimiento del concepto y los alcances del derecho humano a la libertad de expresión.
