Con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la protesta, representantes de Kanan Derechos Humanos, Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán y Reflexión y Acción Feminista (RAF), anunciaron la conformación de un observatorio que busca documentar agresiones, procesos de criminalización y otras vulneraciones de derechos en Yucatán.
Roberto Sánchez, de Kanan Derechos Humanos, explicó que la iniciativa surge de una articulación entre las organizaciones que desde hace más de dos años han trabajado frente al panorama que enfrentan periodistas, personas defensoras del territorio, activistas, feministas y personas de la diversidad.
“Este espacio tiene el objetivo de fortalecer la libertad de expresión y la protesta a través de la incidencia, el acompañamiento, la comunicación y la acción colectiva”, señaló.
Por su parte, Javier Escalante, de Somos Periodistas, recordó que desde hace tres años han planteado ante el Congreso del Estado la eliminación de los llamados delitos contra el honor del Código Penal de Yucatán. Según expuso, la entidad y Nuevo León son las únicas dos entidades que aún contemplan estos delitos con penas de prisión.
Indicó que la propuesta de las organizaciones no se limita a la reforma legislativa, sino que también contempla documentar las agresiones contra periodistas y las condiciones laborales dentro de los medios de comunicación.
“Lo que no se documenta, lo que no se observa, tampoco se puede cambiar; este observatorio permitirá generar registros sobre las situaciones que actualmente no cuentan con un conteo sistemático. ”, afirmó Escalante.
Kelly Ramírez, de Igualdad Sustantiva Yucatán, destacó que la protesta feminista constituye una herramienta para exigir justicia y defender derechos sexuales y reproductivos, así como para visibilizar las violencias de género.
Advirtió que quienes participan en movilizaciones pueden enfrentar estigmatización, vigilancia, uso desproporcionado de la fuerza e interpretaciones legales que pueden derivar en actos discriminatorios.
Por ello, consideró necesario que el observatorio registre agresiones, detenciones, discursos estigmatizantes y actuaciones policiales.
“Desde una perspectiva feminista, documentar estas situaciones permitiría demostrar que la protesta no solo es una amenaza, sino también constituye un derecho y también un mecanismo para exigir los demás derechos”, dijo.
Brenda Ortiz, de Reflexión y Acción Feminista, señaló que la iniciativa pretende sumar capacidades para identificar violencias, acompañar casos y generar estrategias conjuntas.
“Frente al contexto en el que nos encontramos, articularnos es sumamente necesario”, expresó.
Los colectivos también señalaron que han identificado casos de agresiones contra periodistas en municipios del interior del estado, que van desde detenciones y presuntos actos de violencia durante estas, hasta restricciones para ingresar a espacios públicos.
Asimismo, plantearon que existen problemáticas al interior de los medios de comunicación relacionadas con derechos laborales, como jornadas en días inhábiles sin remuneración adicional y falta de acceso a seguridad social, situaciones que también buscan documentar.
En el caso de las protestas feministas, las organizaciones señalaron un incremento en el uso de mecanismos de vigilancia y tecnologías durante las movilizaciones, así como acciones que consideran formas de criminalización.
Respecto a la propuesta de reforma legal, explicaron que fue elaborada con acompañamiento de Amnistía Internacional México y entregada en octubre de 2025 a integrantes del Congreso del Estado, entre ellos la diputada Clara González y el diputado Wilmer Monforte.
Los colectivos esperan que durante el actual periodo legislativo se dé seguimiento a la iniciativa.
Los representantes indicaron que anteriormente también presentaron propuestas similares ante el Congreso, pero consideraron que no recibieron el seguimiento esperado.
Finalmente, hicieron un llamado a periodistas, activistas y otras colectividades a sumarse a este proceso de articulación y a las acciones que desarrollará el observatorio, con la finalidad de fortalecer la documentación, el acompañamiento y la defensa de los derechos relacionados con la libertad de expresión y la protesta en Yucatán.
