Yucatán podrá contratar hasta mil 562 millones de pesos de nueva deuda para financiar obras del Plan Bienestar Metropolitano, luego de que el decreto aprobado por el Congreso estatal fue publicado en el Diario Oficial. El crédito podrá pagarse hasta en 15 años y tendrá como respaldo participaciones federales.
El dinero todavía no está disponible ni existe una institución bancaria seleccionada. La Secretaría de Administración y Finanzas deberá contratar los créditos y negociar tasas, plazos, comisiones y demás condiciones, por lo que aún no se conoce cuánto terminará costando el financiamiento a las arcas estatales.
Además del nuevo empréstito, el decreto autoriza refinanciar hasta 9 mil 267.7 millones de pesos de deuda que Yucatán ya tiene contratada. Esta cantidad prácticamente equivale a toda la deuda pública de largo plazo registrada al cierre de junio.
El refinanciamiento no significa sumar otros 9 mil 267 millones de pesos al saldo, sino sustituir o modificar créditos existentes para cambiar sus condiciones. Sin embargo, la autorización permite al Ejecutivo reordenar prácticamente todo su endeudamiento de largo plazo al mismo tiempo que incorpora nueva deuda.
Los mil 562 millones representan alrededor de 34.8 por ciento de los 4 mil 490.9 millones de pesos que el Gobierno calcula que costará el Plan Bienestar Metropolitano durante tres años. El crédito se destinará principalmente a obras de agua potable, seguridad y movilidad.
Para cubrir los nuevos compromisos podrán afectarse participaciones federales, por lo que parte de los recursos que recibe regularmente el estado quedará vinculada al pago de capital, intereses y otras obligaciones financieras.
La autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El Congreso aprobó el endeudamiento el 24 de agosto con 31 votos a favor y tres en contra, después de semanas de discusión sobre el costo y la vigilancia de los recursos.
El monto final que deberá pagar Yucatán, sin embargo, todavía está por definirse. Dependerá de las tasas de interés, el plazo contratado, las comisiones y otros costos financieros que se establezcan cuando el Gobierno concrete los créditos.
