Solicitan fichas técnicas de cada intervención, presupuestos desglosados, calendarios físico-financieros, metas, número estimado de beneficiarios e indicadores que permitan medir los resultados para realizar el análisis completo y correcto.
Diputados del Congreso del Estado sostuvieron una reunión de trabajo con representantes del Poder Ejecutivo, para ampliar la información y resolver dudas sobre la iniciativa que propone contratar $1,562 millones de financiamiento y refinanciar obligaciones por $9,267.7 millones.
Durante la reunión, celebrada ayer 14 de agosto, los funcionarios estatales explicaron los proyectos del Plan Bienestar Metropolitano, que abarca inversiones en agua potable, seguridad pública y movilidad, así como los alcances financieros de la propuesta.
La directora general de la Agencia de Desarrollo de Yucatán, María Angélica Pérez López, señaló que el plan parte de un diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de Mérida y su zona metropolitana, ejercicios de participación ciudadana en los que se identificaron como prioridades el agua potable, la seguridad y la movilidad.
En agua potable, dijo que se busca atender infraestructura que acumula décadas de servicio y que actualmente presenta limitaciones de capacidad, particularmente las plantas Mérida I y II.
En seguridad se plantea ampliar la cobertura mediante infraestructura, tecnología y equipamiento en zonas de crecimiento.
En movilidad se busca intervenir nodos críticos, mejorar la seguridad peatonal y agilizar los desplazamientos en vialidades estratégicas.
El secretario de Administración y Finanzas, Juan Gabriel Sánchez Álvarez, sostuvo que las condiciones financieras del Estado permiten analizar la operación propuesta, debido a que Yucatán mantiene un nivel de endeudamiento sostenible, indicadores positivos y buenas calificaciones crediticias.
Además, refirió, una parte de la iniciativa corresponde al refinanciamiento de obligaciones existentes, con el propósito de obtener mejores condiciones de mercado y reducir plazos, mientras que el nuevo financiamiento se contrataría buscando las condiciones más favorables para el estado.
Para el coordinador de la bancada del PAN, Roger Torres Peniche, la necesidad de las obras no significa que el Congreso deba aprobar la deuda sin conocer a detalle sus implicaciones.
“La iniciativa contiene proyectos que pueden ser necesarios y financieramente defendibles. Invertir en agua, seguridad e infraestructura puede resultar conveniente para Yucatán. Igualmente, refinanciar deuda puede ser una decisión responsable cuando genera un ahorro real. Pero reconocer la necesidad de las obras no significa otorgar un cheque en blanco”, señaló.
El diputado consideró que antes de comprometer participaciones federales y obligaciones que podrían prolongarse durante unos 15 años, el Ejecutivo debe acreditar tres aspectos: el costo real de las obras, las condiciones en que se contratará el nuevo financiamiento y que el refinanciamiento de los créditos actuales represente un ahorro efectivo para el Estado.
“Si esas tres condiciones pueden acreditarse documentalmente, existirán elementos objetivos para evaluar la operación”.
“Si no pueden acreditarse, el Congreso tendría razones suficientes para exigir modificaciones, mayores candados o información adicional antes de autorizarla”, afirmó el panista.
Torres Peniche aclaró que su postura no es contraria a los proyectos incluidos en el plan, sino que busca conocer las condiciones en que se pretende financiarlos.
“No se trata de votar contra las obras. No se trata de votar contra el agua. No se trata de votar contra la seguridad. En eso siempre estaremos de acuerdo”, manifestó.
También puso especial énfasis en el refinanciamiento de los $9,267.7 millones de obligaciones existentes, pues consideró necesario determinar si la operación realmente reducirá el costo de la deuda o solamente trasladará los pagos a las siguientes administraciones.
“Refinanciar puede ser una buena decisión; alargar una deuda para que hoy parezca más barata es otra completamente distinta”, dijo.
Por ello, indicó que el Congreso requiere conocer, entre otros datos, la tasa estimada del nuevo financiamiento, la tasa máxima aceptable, la tabla de amortización, el costo financiero total a 15 años, las comisiones bancarias, el costo de las coberturas, el servicio anual de la deuda y el porcentaje de participaciones federales que quedaría comprometido.
También solicitó información detallada de cada crédito que se pretende refinanciar, incluyendo saldo, tasa actual, plazo restante, servicio anual, costo financiero, posibles penalizaciones por prepago y las condiciones esperadas del nuevo financiamiento.
En cuanto a los proyectos del Plan Bienestar Metropolitano, los diputados pidieron los proyectos ejecutivos o fichas técnicas de cada intervención, presupuestos desglosados, calendarios físico-financieros, metas, número estimado de beneficiarios e indicadores que permitan medir los resultados.
Torres Peniche señaló que la iniciativa entregada al Congreso no incluyó, nuevamente, todos los anexos técnicos que, a su juicio, son necesarios para realizar una evaluación completa antes de la votación.
La reunión tuvo como objetivo ampliar la información sobre la propuesta y resolver las dudas de los legisladores.
Además de Sánchez Álvarez y Pérez López, participaron el consejero jurídico del Estado, Gaspar Daniel Alemañy Ortiz; el subdirector técnico de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, Gilberto Enrique Soberanis; el director de Servicios Viales, Gerardo Ojeda Sosa, y la directora técnica de Infraestructura Carretera, Sara Emiliana Rodríguez Mex.
Por el Congreso participaron el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Wilmer Manuel Monforte Marfil; la presidenta de la Diputación Permanente, Naomi Raquel Peniche López, y diputados de Morena, PAN, PT, Movimiento Ciudadano y PRI.
El análisis de la iniciativa continuará en el Congreso, donde los legisladores deberán determinar si la información proporcionada permite avanzar hacia una eventual autorización del nuevo financiamiento y el refinanciamiento de la deuda existente.
