Los integrantes de la Fracción Parlamentaria del PAN establecieron una serie de propuestas y criterios que el gobierno debe cumplir, si quieren obtener su respaldo para el empréstito de mil 500 millones de pesos que el gobierno local enviará de nuevo al Poder Legislativo.
Según un comunicado, el titular de Ejecutivo estatal, Joaquín Díaz Mena, se reunió con legisladores de Morena, PVEM y PT, ayer con el PAN y esta semana hará lo propio con el PRI, Movimiento Ciudadano y la diputada sin partido Rosana de Jesús Couoh Chan, para explicar el Plan Bienestar Metropolitano, sus obras, financiamiento y mecanismos de vigilancia.
Díaz Mena aseguró que no busca un “cheque en blanco”, sino atender las necesidades planteadas por la ciudadanía. Se trata del segundo intento por obtener la aprobación del crédito, luego de que el año pasado el PAN lo rechazara al considerar insuficiente la información sobre el destino de los recursos.
Los panistas también señalaron que la Japay debería estar encabezada por una persona con perfil técnico, aunque no solicitaron directamente la salida de Francisco Torres Rivas.
Sin embargo, sostuvieron que en la Japay debe estar al frente un especialista, cuya selección corresponda al Poder Legislativo mediante una terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo. En las propuestas deben involucrarse expertos y cámaras empresariales, informaron.
Entre las propuestas planteadas destacan que el Gobierno estatal detalle el monto, ubicación y calendario de cada obra; que las adquisiciones se realicen mediante licitación pública y se priorice a empresas yucatecas.
También pidieron garantizar la aportación federal, ya que sin ella no se dispondría del crédito, así como crear un portal exclusivo de transparencia que permita consultar contratos, proveedores, costos y avances físicos y financieros.
Asimismo, propusieron auditorías permanentes mediante una cuenta única para evitar mezclar los recursos del empréstito con el presupuesto estatal.
Cualquier modificación a las obras, montos o destinos deberá regresar al Congreso para su evaluación y, en su caso, aprobación.
Finalmente, plantearon crear un Comité de Seguimiento integrado por funcionarios estatales, alcaldes de la zona metropolitana, legisladores de todas las fuerzas políticas, representantes de la iniciativa privada, universidades y colegios de profesionistas.
