El desempleo y la precariedad laboral tienen remedio, con inversión, con incentivos fiscales a las empresas, con capacitación de mano de obra, la situación puede mejorar, no se tiene que vivir asi ni resignarse a ello.
Se tiene registro de que más de un millón de personas que residen en Yucatán carecen de trabajo digno pues al rededor de 300 mil están en exclusión, ya sea porque no encuentran empleo o porque no pueden salir a buscarlo por estar a cargo de las labores de cuidado en su hogar, y más de 700 mil personas tienen empleo, pero están en la precariedad.
Así lo afirma la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa que nació en 2015 y agrupa a más de 60 organizaciones de la sociedad civil mexicana para incidir, de manera pro positiva, con propuestas frente a la desigualdad y la pobreza.
Paulina Gutiérrez Jiménez, directora operativa de la agrupación, recuerda que desde hace algún tiempo publican el Observatorio de Trabajo Digno que tiene su página web https://otd.frentealapobreza.mx/ con el que buscan visibilizar indicadores que consideran fundamentales, como las violaciones al derecho al trabajo digno.
“Nosotros consideramos que el derecho al trabajo digno tiene que ser garantizado, porque eso permite que las personas, por su propio mérito y a través de su trabajo, puedan adquirir ingresos que les permitan vivir de manera digna; esto es fundamental, es un derecho llave para el ejercicio de otros derechos”.
Buscan, ante ello, visibilizar las condiciones que constituyen violaciones al derecho al trabajo digno, las cuales se actualizan cada trimestre con datos oficiales del Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues consideran que esta violación se ha naturalizado.
A la par, proponen acciones que puedan revertir esta situación, la cual afecta a millones de mexicanos y a más de un millón de yucatecos.
En el caso de Yucatán, manifiesta, es preocupante que más de un millón de personas (1.1 millones) carezcan de un trabajo digno, y hay dos condiciones que resultan alarmantes: la exclusión y la precariedad.
En lo que se refiere a la exclusión, explica que se trata de todas aquellas personas que no pueden acceder a un empleo, ya sea por la economía o porque hay pocas plazas laborales, lo que representa el 8%, un poco por debajo del nivel nacional, que es del 10%; en la entidad equivale a 98 mil personas desempleadas que buscan trabajo y no lo consiguen.
Hay, resalta, una condición aún más grave: 245 mil personas que ni siquiera pueden salir a buscar trabajo porque realizan labores de cuidado en sus hogares sin remuneración.
“Si bien el desempleo es del 8%, esta condición representa el 14% de las personas en el estado, y esto es muy grave. Pero es reversible y algo que no se debe naturalizar, ni pensar que así nos tenemos que quedar”, señala.
El Estado debe garantizar, indica, el derecho al cuidado mediante una infraestructura suficiente de servicios para la infancia, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad, que libere a las mujeres (el 95 % de los casos) a quienes injustamente se les ha impuesto esta tarea como propia, cuando debería existir corresponsabilidad entre hombres y mujeres, las familias, las empresas y el Estado.
Las mujeres en esta situación que sí logran ocuparse lo hacen, detalla, en trabajos muy precarios, porque deben seguir cuidando y priorizan la flexibilidad de sus horarios; por ello realizan trabajos informales, vendiendo aquí y allá, sin ninguna protección social ni posibilidad de un retiro digno en su vejez.
El trabajo precario, explica, es aquel que no cuenta con los derechos laborales reconocidos en la Constitución ni con lo que implica el derecho al trabajo digno, como la falta de seguridad social, fundamental para proteger en casos de enfermedad, embarazo o accidente, de manera que si se pierde la posibilidad de trabajar esos días, el ingreso quede asegurado.
“Estas personas, si dejan de trabajar, al no tener seguridad social, pierden el ingreso de esos días; no tienen acceso a servicios de salud, que es fundamental, ni la posibilidad de vivir dignamente cuando estén retiradas, con una pensión que les garantice, después de todos estos años de trabajo, una vejez digna” concluye.
