Más de un millón de pesos deberá pagar el Congreso del Estado de Yucatán tras ser sancionado por el Juzgado Tercero de Distrito, debido al incumplimiento en la conclusión del proceso legislativo para la reforma constitucional en materia de interrupción del embarazo, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La sanción deriva del desacato a una sentencia federal que instruye a las y los legisladores locales a modificar el artículo primero de la Constitución de Yucatán, donde se establece la protección de la vida desde la concepción, disposición que forma parte del mandato contenido en el amparo 274/2024.
El fallo judicial impone una multa individual de 26 mil 981 pesos a cada una de las y los 35 diputados del Congreso estatal, además de sancionar al director jurídico del Poder Legislativo, Miguel Ceballos Quintal, por su participación en el proceso de cumplimiento.
El órgano jurisdiccional ya había advertido que las sanciones podrían alcanzar hasta 269 mil pesos por legislador en caso de persistir el incumplimiento, sin embargo, la resolución final se ubicó en el rango mínimo establecido en el apercibimiento previo.
Con esta determinación, el Congreso de Yucatán se convierte en el primer poder legislativo del país sancionado económicamente por un juzgado federal por no acatar una sentencia de la SCJN en materia de reforma constitucional vinculada a la despenalización del aborto.
El incumplimiento se mantiene ante la falta de mayoría calificada para aprobar la modificación constitucional, luego de la negativa de legisladores del PAN a respaldar el cambio, lo que ha impedido la armonización ordenada por el máximo tribunal del país.
