Una resolución en análisis del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Yucatán podría marcar un precedente sobre las condiciones que deberán cumplir comunidades indígenas y núcleos agrarios para impugnar proyectos con posibles impactos ambientales en la región.
El caso corresponde al Amparo en Revisión 47/2025, relacionado con la granja avícola Akutzá de Bachoco, ubicada en el municipio de Peto. De acuerdo con colectivos que siguen el proceso, el proyecto de sentencia plantea que los demandantes acrediten con pruebas técnicas especializadas las afectaciones ambientales que alegan, antes de que el fondo del asunto pueda ser estudiado.
La propuesta ha generado preocupación entre agrupaciones dedicadas a la defensa del territorio y el medio ambiente, al considerar que impondría mayores obstáculos a comunidades rurales e indígenas para acceder a mecanismos de protección judicial frente a proyectos que consideran de riesgo.
El recurso fue promovido por ejidos y comunidades de Quintana Roo que sostienen que la operación de la granja podría afectar ecosistemas de los que dependen para actividades agrícolas y cotidianas, especialmente por la vulnerabilidad del sistema hídrico de la Península de Yucatán.
Más allá del proyecto avícola, los colectivos advierten que el criterio que adopte el tribunal podría influir en futuros litigios ambientales, al definir si las comunidades pueden recurrir a la justicia para prevenir posibles daños o si deberán acreditar técnicamente los riesgos antes de que sus demandas sean admitidas.
Ante la próxima resolución, organizaciones civiles hicieron un llamado a que se mantengan los principios de prevención y precaución reconocidos en la legislación ambiental, al considerar que el fallo tendrá implicaciones para la protección de los derechos colectivos y la conservación de ecosistemas estratégicos de la región.
