Los recientes feminicidios y ataques contra mujeres registrados en Mérida llevaron a colectivas feministas, organizaciones civiles, activistas y ciudadanía a exigir una respuesta inmediata de las autoridades ante lo que calificaron como un contexto alarmante de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en Yucatán.
A través de un posicionamiento público, las agrupaciones manifestaron su preocupación por los hechos ocurridos durante la última semana y advirtieron que no pueden ser considerados casos aislados. Señalaron que la violencia feminicida, la inseguridad y la falta de acciones efectivas para prevenir y atender estas agresiones han generado una creciente inquietud entre la población.
Entre los casos mencionados se encuentra el feminicidio ocurrido en el fraccionamiento Real Montejo, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja cuando intentó proteger a su hija adolescente de una agresión sexual. También hicieron referencia al asesinato de una mujer en San José Tecoh y al ataque armado contra otra víctima en el fraccionamiento Las Américas, hechos registrados en un lapso de pocas horas.
Las organizaciones destacaron que estos acontecimientos han dejado consecuencias directas para niñas, adolescentes y familias enteras, además de fortalecer el sentimiento de vulnerabilidad entre las mujeres del estado. Por ello, demandaron que las autoridades actúen de manera coordinada para garantizar la protección de las víctimas y evitar que continúen ocurriendo agresiones de esta naturaleza.
Entre las exigencias planteadas se encuentra la aplicación de los protocolos de investigación con perspectiva de género en los casos recientes, el acceso efectivo a la justicia para víctimas directas e indirectas, así como medidas de protección para mujeres que enfrentan situaciones de violencia o cuentan con antecedentes de riesgo.
Asimismo, solicitaron fortalecer las políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia de género, garantizar atención psicológica, médica y jurídica para las personas afectadas y transparentar las acciones emprendidas por las instituciones responsables. Las firmantes señalaron que la seguridad y el acceso a una vida libre de violencia deben ser una prioridad para las autoridades y una responsabilidad compartida por toda la sociedad.
