La salida de más de 41 mil cerdos de la Granja Porcícola Santa María no puso fin a la preocupación de habitantes de Santa María Chi, quienes ahora demandan un plan claro para remediar la contaminación ambiental que, aseguran, dejó años de operación de la megagranja en la comunidad.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó que concluyó el retiro de los animales de las instalaciones clausuradas desde septiembre de 2025 por incumplimientos ambientales relacionados con el manejo de residuos y descargas de aguas residuales.
Tras el cierre, la atención se centra ahora en las medidas de saneamiento que deberá presentar la empresa responsable, entre ellas acciones para atender las lagunas de oxidación, residuos acumulados y posibles afectaciones en el suelo y mantos acuíferos de la zona.
Según informó la Profepa, la compañía deberá entregar en los próximos días un estudio final sobre el daño ambiental provocado y posteriormente un programa de compensación y restauración ambiental para su evaluación.
Habitantes mayas de la comunidad señalaron que existe incertidumbre sobre cómo serán rehabilitadas las más de 200 hectáreas ocupadas por la granja y exigieron ser incluidos en las decisiones relacionadas con la recuperación del territorio.
La megagranja, operada por Pecuaria Peninsular, fue señalada durante años por habitantes y colectivos ambientales debido a olores constantes, acumulación de desechos y posibles afectaciones al agua y calidad de vida en la zona rural de Yucatán.
Las autoridades ambientales determinaron el cierre definitivo después de documentar incumplimientos reiterados en materia ambiental. Además, la empresa recibió una sanción económica superior a 18 millones de pesos como parte de las medidas impuestas por la federación.
El conflicto también derivó en procesos judiciales y denuncias entre representantes comunitarios y empresarios, en medio de una disputa que durante casi tres años colocó en debate el impacto ambiental de las megagranjas porcícolas en comunidades mayas de Yucatán.
