La presión social ejercida por pobladores de Telchaquillo y Pisté derivó en la apertura de una mesa formal de negociación con dependencias federales, enfocada en definir el control, uso y beneficios de zonas arqueológicas clave en la región.
El encuentro, realizado en Mérida, marcó el primer diálogo institucional tras semanas de movilizaciones y gestiones que incluyeron acercamientos previos en la Ciudad de México. En la reunión participaron representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Gobernación.
Uno de los ejes centrales de la discusión fue la exigencia de las comunidades para ser reconocidas como sujetos con derechos colectivos, lo que implicaría participación directa en las decisiones sobre espacios como Chichén Itzá y Mayapán.
Las demandas también incluyen el respeto a formas de organización interna y autoridades tradicionales, así como la revisión del modelo actual de operación turística. En este punto, habitantes de Pisté plantearon mantener su acceso histórico al sitio arqueológico, mientras que en Telchaquillo se propuso intervenir en la administración del complejo de Mayapán.
Aun con la instalación de la mesa, los representantes comunitarios advirtieron que el proceso se desarrolla en un contexto de desconfianza, derivado de antecedentes donde —afirman— no se han cumplido compromisos por parte de las instituciones.
Además, insistieron en la cancelación de procesos legales contra integrantes de sus comunidades, al considerar que forman parte de un conflicto relacionado con la defensa del territorio y sus derechos colectivos.
El inicio de este diálogo, señalaron, responde a una estrategia sostenida de organización comunitaria que busca modificar la relación con las autoridades y asegurar beneficios directos para las poblaciones que conviven con estos sitios históricos.
