El ejercicio del derecho a la protesta en Yucatán enfrenta prácticas de represión, vigilancia y estigmatización, advirtió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán al presentar un informe en el que documenta el uso desproporcionado de la fuerza y un trato diferenciado hacia distintos tipos de manifestaciones.
El reporte, titulado “El derecho a la protesta en Yucatán: desigualdades, resistencias y disputas por el espacio público”, señala que las autoridades suelen responder con mayor dureza a movilizaciones de mujeres o aquellas relacionadas con la defensa del territorio y el medio ambiente, mientras que mantienen una postura más permisiva frente a protestas consideradas antiderechos.
Durante la presentación, la titular del organismo, María Guadalupe Méndez Correa, advirtió que se han identificado tácticas de dispersión agresivas y violaciones sistemáticas, lo que impacta no solo el derecho a la protesta, sino otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación.
El documento también expone que las personas manifestantes enfrentan procesos de estigmatización que afectan la legitimidad de sus demandas, en un contexto donde, aunque el derecho a protestar está reconocido, en la práctica carece de garantías suficientes para su ejercicio.
Asimismo, se advierte que factores como el género, la condición social o el origen influyen en la manera en que las protestas son atendidas por autoridades y percibidas por la sociedad, lo que refleja la presencia de desigualdades estructurales en el espacio público.
En el marco de la presentación, Ricardo Neves, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, señaló que los conflictos relacionados con la defensa del territorio han sido particularmente sensibles en el estado y, en varios casos, objeto de represión.
Ante este panorama, la Codhey emitió un llamado a autoridades y medios de comunicación para evitar discursos que deslegitimen las protestas, además de impulsar contenidos que promuevan el respeto a este derecho y la no discriminación.
El organismo también planteó la necesidad de establecer protocolos claros de actuación policial y revisar el marco legal vigente para evitar que figuras como el motín, la calumnia o los ataques a vías de comunicación sean utilizadas para criminalizar la protesta.
La presentación del informe se realizó en el contexto de la misión en la península de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, orientada a fortalecer el ejercicio de las libertades fundamentales y el derecho a la libre expresión.
