Integrantes de comunidades mayas de Yucatán solicitaron al gobierno estatal y a autoridades federales intervenir para garantizar su seguridad, al señalar que en los últimos meses han enfrentado denuncias penales y procesos judiciales que consideran una represalia por oponerse a proyectos inmobiliarios y agroindustriales en sus territorios.
Los defensores advirtieron que el temor no se limita a posibles detenciones, sino también a riesgos contra su integridad personal, al considerar que la judicialización de sus casos podría abrir la puerta a nuevas acciones para apartarlos de la defensa de sus comunidades. Por ello, pidieron que se implementen medidas de protección para evitar que su labor sea tratada como un delito.
Entre los casos expuestos se encuentra el de Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, quien informó que fue obligado a comparecer ante un juzgado en Jalisco por una denuncia relacionada con un conflicto en Progreso. El activista sostiene que la acusación surgió después de acompañar una denuncia ambiental por afectaciones a manglares y selva derivadas de un desarrollo inmobiliario en la costa yucateca.
Aunque el proceso en esa entidad no derivó en una vinculación, explicó que la investigación permanece abierta. Además, ahora enfrenta una nueva audiencia en Yucatán por un conflicto en Ixil, donde pobladores mantienen una disputa por tierras de uso común que han sido trabajadas durante años por familias dedicadas a la agricultura tradicional.
A la denuncia también se sumó Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi, quien afirmó que enfrenta acusaciones por su oposición a una granja porcícola instalada en esa comisaría. Según dijo, la continuidad del expediente judicial mantiene incertidumbre entre quienes han encabezado la defensa ambiental en distintas comunidades del estado.
Los representantes comunitarios insistieron en que su exigencia no busca privilegios, sino condiciones mínimas para continuar su labor sin amenazas. Señalaron que la defensa del territorio no debe traducirse en persecución legal y pidieron que las autoridades revisen cada expediente para impedir que intereses particulares utilicen las instituciones para frenar la organización de los pueblos mayas.
