Organizaciones feministas de Yucatán solicitaron al gobernador Joaquín Díaz Mena la destitución de Roger Rafael Aguilar Arroyo, actual titular del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm), al señalar que enfrenta diversas denuncias relacionadas con violencia de género, agresiones y presuntos actos de corrupción.
La petición fue presentada por integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) y de Todas México, Fuerza Política Feminista, quienes acudieron al edificio administrativo del gobierno estatal para entregar un documento dirigido a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
En el escrito, dirigido al titular de esa dependencia, Óscar Adán Valencia Domínguez, las activistas expusieron una serie de antecedentes y denuncias que, aseguran, deberían ser considerados por el gobierno estatal al momento de designar a funcionarios públicos.
Entre los señalamientos incluidos en el documento se mencionan expresiones misóginas, amenazas, conductas ofensivas hacia ciudadanos y posibles actos de violencia política. También se hace referencia a investigaciones abiertas en su contra, incluida una relacionada con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su gestión como alcalde del municipio de Motul.
De acuerdo con las organizaciones, el funcionario también enfrenta una carpeta de investigación por una presunta agresión física contra un ciudadano. Ante este contexto, señalaron que su permanencia en el cargo contradice los principios establecidos en la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, que busca evitar que personas señaladas por este tipo de conductas ocupen cargos públicos.
Las activistas indicaron que su solicitud no implica nuevas acusaciones, sino la revisión de expedientes y procesos que ya se encuentran documentados ante las autoridades. Además, advirtieron que, si no se atiende su demanda, recurrirán al Congreso del Estado para solicitar que se analice el caso y se determine si se está incumpliendo la normativa vigente.
Finalmente, insistieron en que el gobierno estatal debe revisar las condiciones en que se realizó el nombramiento de Aguilar Arroyo al frente del Inderm y, en caso de detectarse irregularidades o incompatibilidades con la legislación, proceder con su separación del cargo.
