Hasta 70 años de prisión podrán recibir en Yucatán quienes cometan feminicidio, tras la entrada en vigor de reformas al Código Penal estatal que endurecen las sanciones contra este delito y amplían las responsabilidades de las autoridades encargadas de investigarlo.
El decreto establece que cuando exista relación de parentesco, confianza, subordinación o vínculo sentimental entre agresor y víctima, la pena será de 50 a 70 años de cárcel, mientras que si la víctima es menor de edad la condena máxima alcanzará los 65 años.
La reforma también contempla la pérdida de derechos del responsable sobre la víctima, incluidos los sucesorios, así como la suspensión y pérdida de la patria potestad en caso de existir hijas o hijos en común.
Además, se fijaron sanciones para servidores públicos que omitan investigar una muerte violenta de mujer como feminicidio o que filtren información del caso, quienes podrían enfrentar de cinco a ocho años de prisión, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El decreto, firmado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, ordena que todos los casos de muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género conforme a los protocolos vigentes.
Con estas modificaciones, las autoridades estatales buscan reforzar las medidas punitivas y la actuación institucional frente a la violencia feminicida en la entidad.
