La persecución del delito de extorsión en Yucatán dejará de depender exclusivamente de instancias federales. A partir de esta semana, el estado inició un proceso legal que permitirá a sus propias autoridades asumir la investigación y sanción directa de este delito, uno de los que más impacto genera en la vida cotidiana.
El ajuste se da tras la entrada en vigor de cambios al Código Penal local, con los que Yucatán busca cerrar vacíos legales y responder de manera más inmediata a denuncias por amenazas, cobros ilegales y presiones criminales contra ciudadanos y negocios.
Uno de los cambios más relevantes es que la Fiscalía estatal contará con un área exclusiva para atender estos casos, diseñada para concentrarse únicamente en la extorsión y sus distintas modalidades, con capacidad para abrir carpetas, coordinar operativos y llevar los procesos ante tribunales locales.
Esta nueva unidad deberá comenzar a operar en los próximos meses y estará integrada por personal especializado, con el objetivo de evitar que las denuncias se diluyan entre otras investigaciones y de mejorar los tiempos de respuesta ante las víctimas.
La adecuación legal también contempla recursos económicos. Para ello, se realizarán ajustes al presupuesto actual y al del próximo año, a fin de garantizar que la nueva estructura tenga los medios necesarios para funcionar sin depender de apoyos externos.
Además de los nuevos casos, la reforma abre la puerta a revisar procesos judiciales que aún no concluyen e incluso sentencias ya dictadas, cuando la nueva clasificación del delito pueda beneficiar legalmente a las personas involucradas, siempre bajo decisión judicial.
Con este cambio, Yucatán avanza hacia un esquema en el que el combate a la extorsión se atiende desde el ámbito local, con mayor cercanía a las denuncias y responsabilidad directa de las autoridades estatales.
