Una serie de documentos falsificados, títulos agrarios ajenos al estado y registros manipulados abrió la puerta para que extensas superficies de la Nación terminaran como propiedad privada en Yucatán. La red operó durante varios años y permitió que terrenos estratégicos acabaran en manos de familiares y personas vinculadas con altos funcionarios. Expedientes oficiales calculan que más de 11 mil hectáreas fueron afectadas por estas maniobras.
Las anomalías salieron a la luz tras revisar inscripciones del Registro Público de la Propiedad, información del Registro Agrario Nacional (RAN) y títulos de posesión que no coincidían con la realidad jurídica de los predios. Al menos 24 terrenos ubicados en municipios como Hunucmá, Celestún, Tekax, Kanasín, Yaxkukul, Temozón y Mérida fueron ingresados como propiedad privada pese a que correspondían a superficies nacionales.
Parte del esquema habría comenzado al término de un gobierno estatal y se mantuvo activo durante toda la siguiente administración. En ese periodo, predios que debían conservar su carácter federal fueron transferidos a particulares cercanos al poder político. Posteriormente, varios de estos terrenos fueron revendidos aprovechando el crecimiento inmobiliario, con aumentos de valor que alcanzaron cifras millonarias.
Uno de los casos más representativos se registró en Sisal, donde 600 hectáreas fueron convertidas en propiedad privada en 2012 y vendidas meses después por nueve millones de pesos. Años más tarde, la misma superficie rebasó los 160 millones de valor catastral, lo que evidencia la magnitud de las ganancias generadas. Durante ese mismo periodo se documentaron adquisiciones a nombre de familiares de funcionarios estatales.
Las operaciones irregulares habrían sido validadas desde el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). De acuerdo con los expedientes consultados, se autorizaron escrituras sin sustento, se asignaron coordenadas inconsistentes y se avalaron títulos agrarios procedentes de entidades como Puebla, Hidalgo, Baja California y Veracruz. Exdirectores del organismo aparecen vinculados a varias de estas inscripciones.
La red también apuntó hacia terrenos privados. En Chicxulub Pueblo, un empresario denunció que terceros intentaron apropiarse de sus predios utilizando títulos apócrifos con firmas y fechas que no correspondían a las de los funcionarios federales de ese periodo. El denunciante asegura que no obtuvo una resolución definitiva pese a llevar su caso ante distintas dependencias.
En la zona costera se detectó un modus operandi similar, donde miles de metros de playa en Dzilam Bravo y Celestún fueron incorporados al fundo legal municipal mediante la creación artificial de lotes catastrales. La maniobra involucró a exalcaldes, funcionarios estatales y un diputado en funciones, lo que permitió que estas tierras nacionales se transformaran en propiedades privadas con un valor estimado superior a los dos mil millones de pesos.
Aunque algunos exgobernadores han negado la existencia de una estructura de despojo, los expedientes analizados muestran patrones repetidos: títulos que no corresponden al estado, inscripciones irregulares, coordenadas alteradas y predios que salieron del patrimonio federal sin cumplir los procedimientos legales.
