El Congreso de Yucatán aprobó en comisión una reforma que impone restricciones a los créditos solicitados por los municipios, asegurando que las obligaciones por obras públicas concluyan dentro del periodo de cada administración y no afecten a las gestiones futuras.
La iniciativa fue impulsada por Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, junto con Germán Quintal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal. Según los legisladores, la medida responde a observaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal.
Con esta normativa, los municipios podrán solicitar financiamiento a Banobras equivalente al 25% del presupuesto destinado a obras, siempre que los plazos de pago no excedan el mandato del ayuntamiento que contrata el crédito. Esto garantiza que las nuevas administraciones no hereden deudas ajenas.
Algunos ayuntamientos ya han comenzado a ajustar sus procedimientos locales para cumplir con los requisitos de documentación y sesiones de cabildo, necesarios para acceder a los créditos. Hasta ahora, 18 municipios han completado los trámites.
El dictamen aprobado en comisión será sometido al pleno del Congreso para su ratificación por los 35 legisladores, tras lo cual la reforma entrará en vigor oficialmente.
La propuesta contó con el respaldo de Morena, PT y Acción Nacional, consolidando un acuerdo amplio para proteger las finanzas municipales y asegurar que las futuras administraciones no se vean comprometidas por deudas anteriores.
