Más de 10 kilómetros lineales de la selva de la Reserva Biocultural del Puuc fueron arrasados, afectando decenas de especies de flora y fauna, en lo que especialistas y autoridades ambientales califican como un ecocidio. La devastación ocurrió a tan solo tres kilómetros de la zona arqueológica de Uxmal y dejó profundas heridas en el ecosistema.
A pesar de la clausura dictada por la Profepa en mayo, el avance de la investigación judicial ha sido lento. El presunto responsable, Omar Sánchez, propietario de la maquinaria utilizada para la tala, sigue sin ser localizado, lo que mantiene en alerta a la comunidad y dificulta que se haga justicia de manera efectiva.
La afectada principal, Patricia Tejera Álvarez, denunció que la inseguridad persiste desde el incidente. Aunque la selva de su rancho no ha sido dañada nuevamente, el impacto ecológico es evidente y la restauración será un proceso largo y complejo. “La justicia tarda, y la Fiscalía solo actúa cuando presento documentos y pruebas”, señaló.
El caso se hizo público tras denuncias de la comunidad y medios locales, quienes alertaron sobre los riesgos al ecosistema y a los vestigios arqueológicos cercanos. Patricia continúa dando seguimiento para que el responsable y posibles cómplices no repitan estos actos contra el patrimonio natural y cultural.
Apoyo de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc) y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) ha permitido a Patricia recibir orientación para proteger y restaurar la selva de su propiedad, aunque la incertidumbre sobre la captura del culpable persiste.
El daño ambiental muestra las brechas en la aplicación de la justicia ambiental en Yucatán. La selva de Uxmal inicia su lenta recuperación, pero la sensación de impunidad mantiene en alerta a las comunidades y refleja la fragilidad de los mecanismos de protección del patrimonio natural.
