Un tribunal en Yucatán ordenó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reabrir la investigación por presuntas irregularidades en la construcción de una marina comercial en Progreso, decisión que revoca la determinación anterior de no ejercer acción penal contra exfuncionarios del Ayuntamiento y un empresario local.
La resolución, emitida por la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, obliga a la Fiscalía a retomar el caso y profundizar en todas las líneas de investigación antes de emitir un nuevo fallo. El tribunal también advirtió que la determinación inicial no se sustentó adecuadamente en el análisis de los hechos denunciados.
El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando el empresario Manuel Cáceres Romero presentó una denuncia en la que acusó al exalcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi; al empresario Jean Marc Boyancé Rivero; y al exdirector de Desarrollo Urbano, Luis Castro Naal, de haber otorgado ilegalmente una licencia de construcción para un terreno que carece de título de propiedad.
Dicho predio, de aproximadamente dos hectáreas, contaba únicamente con una concesión de la Semarnat para la conservación del manglar con fines ornamentales (concesión DGZF/148/15). A pesar de ello, fue bardeado y posteriormente convertido en una marina comercial que alberga más de 20 embarcaciones de lujo, según denunció Cáceres Romero.
La ley exige que, para autorizar una obra en un terreno federal, se debe presentar el título de propiedad correspondiente, documento que —según el denunciante— nunca existió en este caso. Aun así, el Ayuntamiento de Progreso habría emitido el permiso sin cumplir con ese requisito legal.
La Fiscalía determinó el 11 de junio de 2024 que no procedería penalmente contra los señalados, lo que llevó al empresario a apelar ante el Poder Judicial. Con esta nueva resolución, el caso se mantiene abierto y podría escalar si se comprueban responsabilidades por daño ambiental y uso indebido de la función pública.
Este fallo refuerza la exigencia de vigilancia sobre los procesos de autorización de obra en zonas ecológicamente sensibles y abre la puerta a posibles sanciones para los implicados en caso de que se confirme la comisión de delitos.
