A escasos días de que en Yucatán se realicen por primera vez elecciones para cargos del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia oficializó el nombramiento de Francisco Javier Ortiz Catzín como Juez de Primera Instancia, decisión que ha generado cuestionamientos por su timing político y legal.
Ortiz Catzín fue designado para ocupar el cargo del 26 de mayo de 2025 hasta el 25 de mayo de 2031, es decir, por un periodo de seis años. Sin embargo, esta decisión se da en un momento clave: justo cuando faltan apenas nueve días para que los ciudadanos de Yucatán acudan a las urnas para elegir a jueces y magistrados del sistema judicial estatal, como lo establece la reforma recientemente aprobada por el Congreso local.
Dicha reforma estipula que será el 6 de junio de 2027 cuando se realice por voto directo la elección de los jueces de Primera Instancia, así como de los magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios. En este contexto, el nombramiento adelantado ha encendido las alertas entre observadores y actores políticos, quienes consideran que podría debilitar el espíritu democrático de la reforma.
El nombre de Ortiz Catzín ya figuraba desde el pasado 6 de febrero en la lista oficial de aspirantes al cargo publicada en el Diario Oficial del Estado. No obstante, su designación justo antes de una elección judicial genera dudas sobre los criterios utilizados y si se respetará el nuevo marco legal electoral en futuros nombramientos.
Actualmente, los jueces de Primera Instancia, conforme a la nueva legislación, durarán nueve años en el cargo, con la posibilidad de reelección por una sola vez y sin estar sujetos a la revocación de mandato. No obstante, el caso de Ortiz Catzín parece quedar fuera de este nuevo esquema temporal.
El próximo 1 de junio, Yucatán vivirá un hecho sin precedentes con la elección directa de nueve magistraturas del Poder Judicial. Las campañas de los aspirantes están en su recta final y concluyen el 28 de mayo. En medio de este escenario, el reciente nombramiento revive el debate sobre la necesidad de garantizar transparencia y congruencia en los procesos de designación dentro del sistema de justicia.
