La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a al menos once jueces del Poder Judicial de Yucatán que, desde 2024, han ejercido funciones y dictado resoluciones penales sin haber rendido la protesta oficial requerida por la ley. Esta irregularidad, conocida popularmente como casos de “jueces cachirules”, ha desatado una crisis institucional y amenaza con invalidar múltiples actos jurídicos en la entidad.
Entre los señalados figura Jazmín Ojeda Alayón, jueza segundo de control del Centro de Justicia Oral de Mérida, quien habría asumido el cargo y tomado decisiones sin contar con nombramiento legal vigente. Su caso ha sido especialmente controversial, pues, además de las irregularidades administrativas, ha protagonizado resoluciones cuestionadas, como la liberación en marzo pasado del ciudadano español Joan Serra Montagut, imputado por daños y lesiones, o la exoneración en enero de 2025 de los hermanos Herbé Rodríguez Coello, acusados de fraude millonario y falsificación de documentos.
El Consejo de la Judicatura de Yucatán confirmó que Ojeda Alayón no rindió protesta ni fue formalmente designada, lo que la podría hacer responsable por usurpación de funciones y ejercicio ilícito del servicio público, según la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado. Además, otros jueces y funcionarios locales —entre ellos Iliana Elizabeth Álvarez de la Cruz, Rodrigo Dajdaj Germón, Silvia Pamela Zetina Bautista y otros— continúan trabajando pese a órdenes federales que les prohíben hacerlo, exponiéndose a sanciones y destituciones.
El origen de esta crisis se remonta al proceso de selección de jueces llevado a cabo entre 2023 y 2024, que fue impugnado por un aspirante eliminado supuestamente de forma irregular. Aunque un juez federal otorgó una suspensión para frenar nombramientos irregulares, el Consejo de la Judicatura presuntamente desacató la orden, permitiendo que los señalados comenzaran a actuar sin cumplir los requisitos legales.
El abogado Justo Medina Escobedo, asesor del denunciante ante la FGR, explicó que, conforme al artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Yucatán y al artículo 105 de la Constitución estatal, los jueces deben rendir protesta ante el Consejo de la Judicatura antes de asumir su cargo. “No basta con el nombramiento, se debe rendir protesta. De lo contrario, sus actuaciones carecen de validez jurídica y son absolutamente ilegales”, subrayó.
Los actos judiciales cuestionados abarcan desde órdenes de prisión preventiva y liberaciones hasta la validación o desestimación de pruebas en procesos penales y mercantiles. Por ejemplo, en uno de los casos destacados, la jueza Ojeda Alayón permitió que dos víctimas de un fraude mercantil, María Engracia García Chávez y Gregorio Oliva Miranda, fueran obligadas a usar grilletes de localización, pese a existir sentencia condenatoria a favor de ellas, violando su derecho a la privacidad y libertad.
Asimismo, la denuncia penal presentada ante la FGR involucra a jueces como Rodrigo Moisés Dajdaj Germón, quien emitió acuerdos ilegales en calidad de “suplente interino”, figura inexistente en la legislación vigente, y otros funcionarios cuya actuación estaría al margen de la legalidad.
