La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha ordenado la clausura temporal total de la granja porcícola de Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, Yucatán. La medida responde a la descarga ilegal de aguas residuales sin contar con el permiso correspondiente. Esta acción busca garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
La empresa operaba sin el Permiso de Descarga de Aguas Residuales, que debe ser emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este permiso es necesario para regular la descarga de aguas residuales, tanto permanentes como intermitentes, en cumplimiento con la Ley de Aguas Nacionales. La falta de este permiso representa una infracción a las leyes ambientales.
En una inspección reciente, la Profepa detectó que Pecuaria Peninsular presentó un permiso, pero estaba registrado bajo una razón social diferente. De acuerdo con los artículos 88 y 88 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, cualquier empresa que descargue aguas residuales debe tener un permiso válido y emitido por Conagua, lo cual no ocurrió en este caso.
Como consecuencia de la clausura, la empresa no podrá incrementar el número de animales en la granja hasta que regularice su situación. Esto limita su capacidad operativa y obliga a la empresa a ajustarse a la legislación. La medida busca prevenir mayores impactos ambientales y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Mariana Boy Tamborrell, procuradora de la Profepa, señaló que la operación sin el permiso adecuado representa un riesgo significativo para la salud pública y el medio ambiente. La descarga no autorizada de aguas residuales puede generar contaminación del suelo, agua y aire, afectando a las comunidades cercanas. La Profepa tomará acciones adicionales si la empresa no cumple con los requerimientos legales.
La medida también subraya la importancia de que las empresas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes ambientales para evitar daños irreparables. La Profepa continuará realizando inspecciones y verificaciones en instalaciones de este tipo para asegurar que se respeten las regulaciones sobre el manejo de residuos.
Con esta intervención, la Profepa reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la salud de las personas. La clausura temporal de la granja porcícola refleja un esfuerzo por evitar que actividades industriales infrinjan la ley y pongan en peligro el equilibrio ecológico.
