Carlos Alberto Estrada Pinto busca cuatro años más en la UADY mientras estudiantes denuncian el bloqueo al protocolo contra la violencia de género.
Hoy 5 de noviembre de 2026, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) acudirá a las urnas bajo la modalidad de voto secreto para definir su destino rumbo al periodo 2027-2030.
El actual rector, Carlos Alberto Estrada Pinto, pretende sumar cuatro años adicionales al frente del edificio central de la calle 60, y ha tomado como bandera para su reelección el culpar a los gobiernos federal y estatal de ahogar financieramente a la UADY.
Pero frente a sí, enfrenta señalamientos de cooptación económica y la indignación estudiantil ante la falta de compromisos reales frente al acoso y la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con su propuesta de trabajo para permanecer cuatro años más en la Rectoría, Estrada Pinto asegura que la UADY ha sido castigada con un presupuesto “insuficiente e incierto”.
Para amortiguar el estrangulamiento, Estrada Pinto insiste en que defenderá un financiamiento público digno, pero abre de par en par la puerta a un viraje institucional: la captación agresiva de recursos propios mediante alianzas, servicios especializados, filantropía y fondos de inversión.
Sin embargo, este planteamiento despierta suspicacias entre los sectores universitarios más críticos, quienes advierten que detrás del discurso de la suficiencia presupuestal se esconde la privatización silenciosa de los bienes universitarios y la subordinación de la academia a los caprichos de grupos de poder que lucran con el presupuesto público de la máxima casa de estudios.
A este escenario se suma una herida abierta que las autoridades universitarias han intentado minimizar: la deuda histórica con las mujeres universitarias.
A pesar de que en su plan de trabajo el rector incluye promesas sobre espacios libres de hostigamiento y acoso, en los hechos su gestión le dio la espalda a las demandas más sentidas del estudiantado.
La colectiva UADY sin Acoso, a través de su vocera Karen Uc Yah, ha denunciado abiertamente el bloqueo institucional para actualizar el Protocolo de Atención de la Violencia de Género.
El máximo órgano colegiado desechó la reforma integral impulsada por la comunidad, manteniendo en vigor un mecanismo obsoleto que, lejos de brindar justicia y cobijo a las víctimas de acoso en preparatorias y facultades, revictimiza a quienes denuncian a docentes y directivos protegidos por las redes internas de complicidad.
Para las colectivas, la cerrazón del Consejo Universitario al marginar al Consejo Estudiantil demuestra que la rectoría impone directrices unilaterales que perpetúan la impunidad.
Por ello, la demanda ha escalado más allá de los trámites burocráticos: consideran inaplazable que la UADY, tras 104 años de historia dominada por varones, elija por primera vez a una rectora con formación feminista que entienda las problemáticas reales del alumnado y limpie las aulas del pacto patriarcal.
