Pese a registrar baja ocupación y escasos incidentes, la CNDH otorgó bajos puntajes a los penales de Yucatán.
Yucatán pasó en un año del quinto lugar nacional al 13º en la evaluación penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): de 7.34 puntos en el 2024 a 5.91 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, una caída de 1.43 puntos, casi una quinta parte de su calificación.
El resultado llega desde el estado con la población carcelaria más baja del país, sin motines y con espacio de sobra.
El diagnóstico, presentado ayer en el Archivo General de la Nación, revisó los cuatro centros de reinserción social (Cereso) yucatecos. El de Mérida obtuvo 5.95; el de Valladolid, 5.77; el femenil, 5.91, y el de Tekax, 6.00. En la escala de la CNDH, de cero a 5.9 es reprobatorio; de 6 a 7.9, amarillo, y de 8 a 10, verde. Tres penales quedaron en rojo y Tekax apenas alcanzó el amarillo, justo en el umbral. El 5.91 estatal es el promedio de los cuatro.
No es un caso aislado. De los 278 centros visitados en todo el país, 177 (63.7 por ciento) quedaron por debajo de seis, y solo nueve estados aprobaron, con Nuevo León a la cabeza (7.02). Yucatán supera a Quintana Roo (4.81, lugar 29), pero queda debajo de Campeche (5.94).
En todo el país, únicamente una prisión militar de la capital rebasó los ocho puntos. Los males de fondo son los que la CNDH encontró en el resto del país: clasificación inadecuada de los internos en 98.9 por ciento de los centros visitados, personal de custodia insuficiente en 92.3 por ciento y deficiencias en los servicios de salud en 77 por ciento.
Yucatán tiene la menor tasa de personas privadas de la libertad del país: 81.6 por cada 100 mil habitantes, contra 186.3 del promedio nacional, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del Inegi. Al cierre del 2025 había 2,050 internos para una capacidad de 3,194 espacios, alrededor de 64 por cada 100 lugares.
Aun así, reprobó. La falla no está en la violencia ni en el amontonamiento, sino en lo que ocurre puertas adentro cuando todo parece en calma.
Según el resumen de resultados por centro, ocho deficiencias se repiten en Mérida, Valladolid, Tekax y el penal femenil: personal de seguridad y custodia insuficiente, clasificación inadecuada de los internos, expedientes técnico-jurídicos deficientes, plan de actividades mal organizado, sanciones disciplinarias aplicadas con fallas, y programas insuficientes para prevenir incidentes violentos, violaciones a derechos humanos y adicciones.
La salud es otro frente: la CNDH señala deficiencias en los servicios de salud de Valladolid, Tekax y el femenil, y problemas en las condiciones del área médica de Mérida, Valladolid y Tekax.
En Mérida y Tekax detectó además actividades ilícitas, y en Mérida y Valladolid una separación deficiente entre procesados y sentenciados.
En Tekax, el diagnóstico reporta sobrepoblación y hacinamiento, aunque el sistema estatal en conjunto opera lejos de su capacidad.
En Tekax y en el penal femenil no se detectó autogobierno ni cobros por extorsión o sobornos, y Mérida y el femenil destacan en la relación entre población y capacidad.
En el Cereso de Mérida, cerca de 800 de más de 1,600 internos no han sido condenados, según datos publicados en abril por diarios de circulación estatal. En los centros estatales de Yucatán, 60.5 por ciento de los adultos sin sentencia estaba en prisión preventiva justificada y 39.5 por ciento en preventiva oficiosa, de acuerdo con el Inegi.
En el país, 42.2 por ciento de las personas presas no tiene sentencia.
La caída contrasta con la trayectoria reciente. En el 2020 los penales promediaron 7.48, con solo dos centros evaluados, y en el 2022 el estado llegó al segundo lugar nacional, su mejor posición desde que la CNDH mide, en el 2006.
Quien defienda al sistema tiene un argumento: la CNDH advierte que los resultados del 2025 no son comparables en términos aritméticos con los anteriores.
El diagnóstico del 2024 se basó en una muestra de 162 centros y el del 2025 abarcó 278, además de que el organismo documenta un contexto más adverso, con mayor presencia del crimen organizado y falta persistente de custodios.
Pero la advertencia no explica por qué tres de cuatro penales yucatecos quedaron bajo la línea de aprobación, y la propia CNDH reconoce una baja generalizada. Los recursos tampoco ayudan a la defensa. Yucatán ejerció 299.4 millones de pesos en su sistema penitenciario en EL 2025, 7.7 por ciento más que los 278 millones del 2024, pero su población carcelaria creció 11 por ciento, de 1,847 a 2,050 personas.
Según un cálculo con datos del Inegi, el gasto por interno bajó alrededor de 3 por ciento, de unos 150 mil a unos 146 mil pesos al año. El sistema cuenta con 413 trabajadores penitenciarios.
El penal femenil resume la paradoja. Alberga a 28 mujeres en un centro con capacidad para 100, pero la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) observó en septiembre del 2025 que no hay atención médica presencial las 24 horas, sino solo en horario matutino de lunes a viernes, y que cada turno cuenta con ocho custodias.
La CNDH califica como favorable el área médica de ese penal; ambas cosas pueden ser ciertas: el consultorio puede estar en orden y aun así cerrar por las tardes.
La Comisión pidió a las autoridades penitenciarias contratar más personal de seguridad y custodia, y combatir la sobrepoblación y el hacinamiento.
La calificación de 5.91 no mide qué tan llenas están las cárceles de Yucatán, sino qué tan preparadas están para cumplir su mandato constitucional: reinsertar.
En ese examen, tres de cuatro penales no alcanzaron la calificación de seis.
