Al acusado se le imputó el delito de extorsión, por su presunto vínculo con la asociación La Concordia en perjuicio de comerciantes en Ciudad Caucel, por lo que permanecerá bajo prisión preventiva.
Autoridades imputan a Luis Eduardo L.C., integrante de un grupo vinculado a una red de extorsión a vendedores ambulantes en Mérida, Yucatán. Se presume que cobraba 300 pesos semanales para dejarlos trabajar.
Tras ejecutarse una orden de aprehensión en labor coordinada entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), presentaron ante un Juez de Control a Luis Eduardo L.C.
Al acusado se le imputó el delito de extorsión, por su presunto vínculo con la asociación La Concordia en perjuicio de comerciantes en Ciudad Caucel, por lo que permanecerá bajo prisión preventiva.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia de Mérida, los fiscales de litigación imputaron los cargos y expusieron las pruebas reunidas en la causa penal 588/2026.
De los hechos, reunidos por los investigadores de la Fiscalía, se logró establecer que entre mayo y julio del presente año, el encausado acudió en repetidas ocasiones a un puesto ambulante de antojitos en el fraccionamiento Villa Jardín, de Ciudad Caucel.
En el lugar se presentó como colaborador de otra persona que se encuentra bajo proceso por el mismo delito, y solicitó el pago de 300 pesos de forma semanal para brindar protección al comerciante, impidiéndole la libertad de trabajar en caso de no realizar el pago.
Tras vincular a proceso al encausado, este solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que será el próximo día 12 de octubre que se resuelva su condición legal.
Antes de finalizar la diligencia, los fiscales de litigación solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue concedida por el Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.
Previamente, las autoridades detuvieron a José Esteban S.B. y Karen Odeth B.L., quienes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, imputados por el delito de extorsión agravada, que se hacían pasar como trabajadores del Ayuntamiento
Ambos son señalados por su presunta participación como parte de la asociación denominada “La Concordia”, en perjuicio de comerciantes de Mérida.
Por su parte, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, hizo un llamado a comerciantes y ciudadanos a denunciar ante la Fiscalía, en caso de ser víctimas de cobros indebidos.
Además, el Ayuntamiento entregó 57 cámaras corporales a inspectores para documentar sus actuaciones durante las labores de supervisión y contar con evidencia que pueda consultarse. El objetivo es dar seguridad a los ambulantes de la capital yucateca y evitar la operación de extorsión de personas o grupos como La Concordia.
