La contratación comprometerá parte de las participaciones federales que Yucatán recibe, las cuales se usarán como garantía, y endeudará al menos a dos administraciones más.
El Gobierno del Estado lanzó ayer la convocatoria para contratar créditos por hasta 1,562 millones de pesos, monto que autorizó el Congreso del Estado el pasado 24 de agosto y que serviría para costear el Plan Bienestar Metropolitano.
Según los detalles publicados en el Diario Oficial del Estado, la contratación comprometerá parte de las participaciones federales que Yucatán recibe, las cuales se usarán como garantía, y endeudará al menos a dos administraciones más, ya que se pagará en 15 años.
El crédito tendrá una tasa de interés variable, que aún no se conoce. Sin embargo, se establece que las primeras mensualidades serán de 15.6 millones de pesos, cifra que luego de un año se incrementará periódicamente.
Según el Proceso Competitivo y Licitatorio el interés que pagará el Estado estará compuesto por una tasa de referencia del mercado, la TIIE de Fondeo, más un porcentaje adicional o sobretasa que dependerá de la calificación crediticia y de la propuesta que presente cada banco.
La convocatoria señala también que el crédito podrá contratarse con una o varias instituciones financieras y tendrá un plazo máximo de 180 meses. No habrá periodo de gracia y los intereses se pagarán mensualmente.
Debido a que la tasa será variable, las instituciones financieras deberán considerar mecanismos para cubrir el riesgo de un incremento en los intereses. La convocatoria establece que el Estado deberá mantener cubierto al menos 50% del saldo insoluto del financiamiento durante la vigencia de los créditos.
Además, los bancos no podrán incluir determinadas comisiones, como las de apertura, estructuración o por recursos no dispuestos.
El documento desglosa que de los $1,562 millones que pretende obtener el Estado, $698.8 millones, casi 45%, se destinarían a la modernización, rehabilitación y fortalecimiento de la infraestructura hídrica de las plantas Mérida I, II, III y IV y su zona de influencia.
Otros $400 millones se destinarían a ampliar la infraestructura tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública. Incluye la adquisición de cámaras de videovigilancia, arcos lectores con cámaras, torres de transmisión y la infraestructura eléctrica necesaria.
En conjunto, esos dos proyectos representan alrededor de 70% del financiamiento solicitado. Los recursos restantes se distribuirían de la siguiente manera:
$263.86 millones para modernizar las vialidades inferiores de los pasos superiores vehiculares del Periférico de Mérida.
$158.155 millones para un programa de construcción de infraestructura peatonal.
$41.2 millones para ampliar bahías y confinar la vía en la avenida Aviación de Mérida.
Para garantizar el financiamiento, el Estado establece como límite máximo de afectación 5.44% de los ingresos mensuales por participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones.
La convocatoria aclara que el crédito no contará con la Garantía Federal a través de Deuda Estatal Garantizada. En su lugar, se utilizará un mecanismo denominado Fondo de Pago Oportuno.
El documento contempla, además, la constitución de un fondo de reserva de hasta $16.3 millones, así como recursos para gastos y costos relacionados con la contratación del financiamiento.
Las instituciones financieras interesadas tendrán hasta el 23 de septiembre para solicitar por escrito las condiciones generales del proceso. La junta de aclaraciones será el día 24. La presentación y apertura de las ofertas se realizará el 15 de octubre. El fallo se dará a conocer a más tardar el 19 de octubre a las 6 de la tarde.
Según el documento, el Estado seleccionará las ofertas con base en la tasa efectiva, considerando el costo financiero y las condiciones de cada propuesta.
La convocatoria permite que el financiamiento sea contratado con una o varias instituciones financieras, mediante uno o varios contratos de apertura de crédito. Cada institución deberá presentar una oferta por un monto mínimo de $20 millones de pesos.
Se agrega que el Gobierno se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el financiamiento e incluso de realizar posteriormente un nuevo proceso competitivo para contratar el monto que no hubiera sido adjudicado.
Además se señala que el Gobierno no necesariamente tendrá que recibir todo el financiamiento de una sola vez. La convocatoria establece un periodo de disposición de hasta 12 meses a partir de la firma del contrato y permite una o varias disposiciones de los recursos.
También establece un fondo de reserva de hasta $16.3 millones de pesos, destinado a cubrir el servicio de la deuda en curso, incluido capital e intereses.
Otra condición de la convocatoria es que el Estado podrá realizar pagos anticipados, totales o parciales, sin que esto genere comisiones o penalizaciones.
