Pueblos mayas de Mérida y Umán exigieron a las autoridades dejar de tolerar la minería a cielo abierto en sus territorios, al denunciar que bancos de extracción de materiales pétreos operan cerca de comunidades y zonas arqueológicas, pese a las restricciones ambientales y los procedimientos legales promovidos en su contra.
Las comunidades de Yaxcopoil, Tebec, Hotzuc y San José Tzal sostienen que la extracción de piedra está avanzando sin garantías suficientes para proteger el territorio, el medio ambiente y el patrimonio cultural, además de cuestionar la falta de consulta a los habitantes antes de la instalación de estos proyectos.
Uno de los casos señalados se encuentra en Yaxcopoil, donde un estudio técnico presentado por la comunidad ubicó un banco de materiales a 994 metros del núcleo poblacional, cuando la normativa estatal establece una distancia mínima de cinco kilómetros respecto de asentamientos humanos y vestigios arqueológicos.
El mismo análisis identificó una separación de mil 918 metros con el sitio arqueológico Yaxcopoil-Tanmul y de aproximadamente 600 metros con un tanque de gas estacionario. Ante estas condiciones, el pueblo maya presentó denuncias ante autoridades ambientales y de protección del patrimonio.
La inconformidad también alcanza al banco operado por PROSER, con una superficie aproximada de 529 hectáreas, cuya actividad es cuestionada por habitantes de San José Tzal, Tebec y Hotzuc debido a las detonaciones, polvo y otras afectaciones que atribuyen a la extracción.
Los pueblos promovieron un juicio de amparo contra autoridades federales y estatales, pero una jueza negó las suspensiones solicitadas, por lo que las actividades pudieron continuar. La resolución fue impugnada y será revisada por un Tribunal Colegiado.
Las comunidades consideran que permitir la continuidad de estos proyectos pone en riesgo el agua, el suelo, la vegetación, las zonas arqueológicas y sus formas de vida, por lo que demandan una actuación más firme de las autoridades.
Su exigencia central es que los gobiernos federal y estatal dejen de permitir o minimizar los impactos de la minería de materiales pétreos y garanticen el derecho de los pueblos a decidir sobre las actividades que afectan directamente sus territorios.
