Los daños a las dunas costeras de Yucatán podrían agravarse durante la temporada de huracanes si continúa la urbanización de estas áreas, advirtió Pablo Duarte Sánchez, dirigente estatal de la Unorca, quien planteó modificar el artículo 27 constitucional para impedir el desarrollo de proyectos inmobiliarios en zonas de alta fragilidad ambiental.
El dirigente campesino señaló que la pérdida de estos ecosistemas elimina una barrera natural frente al mar y puede favorecer inundaciones y la penetración del agua hacia tierra firme. Por ello, consideró que la protección de las dunas debe abordarse como un asunto de seguridad ambiental y no únicamente como un conflicto entre particulares y autoridades.
Duarte Sánchez se pronunció a favor de las medidas aplicadas contra el proyecto Las Dunas, en Chuburná, luego de que la Profepa determinara la clausura parcial de las obras por las afectaciones detectadas. También respaldó la decisión del Gobierno de Yucatán de frenar el desarrollo.
A su juicio, el problema tiene un origen en el marco legal vigente desde las modificaciones al artículo 27 realizadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que facilitaron la incorporación de terrenos al mercado inmobiliario. Acusó que el Congreso de la Unión no ha atendido las consecuencias ambientales derivadas de ese esquema.
El representante de la Unorca pidió además a la Semarnat y a la Profepa reforzar la vigilancia, debido a que los desarrolladores pueden recurrir a mecanismos legales para intentar mantener sus proyectos. Consideró que las suspensiones de obras no son suficientes cuando el daño ambiental ya comenzó.
Por ello, llamó a diputados federales y senadores a discutir una reforma que establezca mayores candados para la ocupación de dunas costeras. La propuesta busca que la conservación de estos espacios quede protegida desde la legislación y no dependa de clausuras posteriores a la intervención de los terrenos.
