La SSP sigue como puntero de las quejas pero en menor cantidad; en 2024 tuvo 85 quejas, en 2025, 47, mientras que en lo que va de 2026 lleva 19.
De acuerdo con las estadísticas de la Codhey, proporcionadas por su presidenta María Guadalupe Méndez Correa, en el primer semestre de este año dieron entrada a 52 quejas contra 60 autoridades de distintos niveles de los gobiernos estatal y municipales, y les atribuyen 198 hechos violatorios calificados; una cifra muy por debajo a las de 2024 y 2025.
El mayor número de quejas aceptadas son contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con 19; Fiscalía General, 4; Policía Municipal de Tekax, 3; Segey, 3; Policías Municipales de Celestún, Progreso, Umán y Ayuntamiento de Celestún, a 2 cada una.
Con un caso están el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay), el Cereso de Valladolid, la Dirección de Desarrollo Urbano de Mérida, el Instituto de Educación para Adultos, el Isstey, así como las policías municipales de Akil, Chemax, Chichimilá, Cuzamá, Dzemul, Huhí, Izamal, Kanasín, Kantunil, Temax y Ticul.
También tienen a una queja las presidencias municipales de Chemax, Kantunil, Progreso, Sanahcat, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Salud (SSY) y la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
En esta lista de 2026 no figura la Policía Municipal de Mérida como transgresor de los derechos humanos y casi todo el aparato gubernamental del municipio, lo que es un indicador de una mayor cultura de respeto a la ciudadanía.
La numeralia de 2026 difícilmente alcance las cifras de 2024 que tuvo 246 quejas calificadas, contra 304 autoridades y 927 hechos violatorios. O las de 2025 con 140 quejas, 174 autoridades y 584 violaciones a los derechos humanos.
En este análisis de las cifras también se ve una notable disminución de acusaciones contra la SSP, Fiscalía y la Segey, que aparentemente mejoraron la atención y su servicio hacia los ciudadanos.
Por ejemplo, la SSP sigue como puntero de las quejas, pero en menor cantidad. En 2024 tuvo 85 quejas y en 2025, 47, mientras que en lo que va de 2026 lleva 19.
Este año la Fiscalía tiene 4 quejas en contra, cuando en 2025 acumuló 16 y en 2024 fueron 46. La Segey tiene 24, 11 y 3, respectivamente.
Lo que no varía en estos tres años son los hechos violatorios, en el siguiente orden:
1) Prestación indebida del servicio público.
2) Detención arbitraria.
3) Lesiones.
4) Ejercicio indebido de la función pública.
5) Amenazas e intimidación.
6) Uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública.
7) Maltrato físico, verbal, psicoemocional y sexual.
El amplio catálogo de violaciones a los derechos humanos disminuye notablemente en otras causas, pero empieza a ascender el relacionado con la omisión de garantizar la integridad personal y la detención ilegal.
La titular de la Codhey precisa que a 30 años de existencia de esta dependencia estatal todavía hay una confusión entre los casos que llegan a las oficinas, pues las personas consideran que una gestión de apoyo ya se califica como queja y no es así.
Al día atienden en promedio a unas 20 personas, pero de esas 20, usualmente son orientaciones, acompañamientos, pero todavía no son quejas calificadas.
En este año llevan 52 quejas procedentes y están por emitir 4 más en los próximos días.
El proceso de calificación es el análisis de fondo del hecho porque una vez calificada puede derivar en alguna recomendación que prioriza la justicia restaurativa, ya que el ciudadano necesita la atención de la negación de un servicio o de la presunta violación a sus derechos.
“Muchas veces en este análisis del caso vemos que se puede resolver y que satisfaga al quejoso, lo encaminamos a la solución sin formalizar la queja”, explica. “Evitamos una cantidad tremenda de expedientes porque al final del día eso no habla de si haces bien o mal el trabajo”.
“Si se resuelve con satisfacción a favor del ciudadano es una justicia restaurativa porque es lo que el quejoso quería. Es un viraje que ha sido muy complejo implementar, sobre todo porque consideran que la institución no ayuda o nunca logra resultados a favor del quejoso”.
“Esta tendencia negativa es contra la que estamos luchando mucho. Es una imagen heredada, para bien o para mal, pero eso es lo que nos ha costado mucho trabajo cambiar, que haya resultados para los ciudadanos”, enfatiza la ombudsperson.
Muchos grupos de la población toman como bandera los derechos humanos como protección, para tener un servicio, y que tengan un mejor trato de los servidores públicos.
“Es un abanico muy amplio de grupos que requieren atención prioritaria, como el colectivo Lgbtiq y más, las comunidades mayas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las madres buscadoras, pero en mi administración brindamos acompañamiento, atención y servicio profesional y humano a todos”, indica.
“Tenemos en el área de vinculación a la abogada Minerva Belén que hace un trabajo increíble con los grupos de madres buscadoras; por primera vez en la historia la Codhey tiene a una persona con discapacidad visual, Rodrigo Chan Kua, para atender a la población con discapacidad”.
“Rodrigo ha visibilizado la atención a este grupo vulnerable porque, además de ser una buena persona y experimentada, está bien preparado académicamente porque es abogado y tiene una maestría en derechos humanos”.
“Adicional, diría que falta mucho por hacer en cada uno de los grupos”, enfatiza. “No hay uno que vaya mejor que otro porque sí hay de repente resistencias por vencer. Por ejemplo, en esta institución, y lo digo abiertamente, el tema de la comunidad Lgbtiq y más no era abordado. Lo primero que hicimos fue justamente eso, empezar a trabajar todo esto que antes como comisión de derechos humanos no se atendía porque es una obligación hacerlo”.
Otro caso inédito del viraje que da la Codhey es sobre las marchas feministas conocidas como 8M, que se caracteriza por las pintas y daños a los monumentos históricos de la ciudad.
Conocedora de este problema y polémica entre la sociedad y las manifestantes, la Codhey no emitió una recomendación contra una autoridad en específico, sino que elaboró un informe bien sustentado en la última protesta feminista.
También explica que para emitir una recomendación general por la marcha del 8M necesitaba muchas quejas sobre el mismo asunto, pero como no las hubo, el centro de investigación de la Codhey y ella misma decidieron la elaboración de un informe especial para hacer una recomendación general.
“Decidimos que si vamos a hablar del derecho a la protesta, no solamente estaban las marchas por el 8M, sino que están también todas las relacionadas con la defensa del territorio, que es fuertísimo”, señala.
“La verdad, este informe especial por el 8M quedó extraordinariamente bien al grado que sirve para otras comisiones como la de Hidalgo y lo he expuesto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Igualmente a nivel peninsular es el primero que se hace sobre el derecho a la protesta, sobre todo con ese enfoque de la defensa del territorio, que últimamente ha cobrado mucho auge”.
Es un estudio bien estructurado, muy ordenado, en el que no solamente está el derecho a la protesta por el tema de las mujeres, sino también figura la defensa de territorios, el sistema kárstico, el tema del agua, entre otros, indica.
Un informe especial es un trabajo importante y diferente porque una recomendación general comparte las responsabilidades, no es para una sola autoridad. Y recuerda un trabajo que ella realizó en su etapa de investigadora de la Codhey sobre violencia obstétrica, hechos comprobados que se cometían en hospitales de Mérida, Ticul, Peto, Tizimín y Valladolid, y que generó una recomendación general que incomodó al entonces secretario de Salud estatal en 2015.
“El informe especial sí reparte el trabajo”, sostiene. “A lo mejor el informe especial no suena tan fuerte como suena el nombre de la recomendación general, pero el trabajo que lleva detrás y la responsabilidad coordinada es mucho más fuerte porque involucra a muchos actores”.
Asimismo, informa que la Codhey sí recibe quejas relacionadas con la mala práctica de la medicina, pero la tratan con mucho cuidado porque puede dar pie a delitos sancionados por la autoridad ministerial, judicial y la Comisión de Arbitraje Médico.
Atender a todos le permitió elaborar el primer informe peninsular “Mando y Resistiendo” sobre la situación de las personas de la comunidad Lgbtiq y más, un estudio que contó con el impulso y ayuda financiera de la embajada de Canadá (en específico con la delegación general de Quebec, en especial de la delegada Stephanie Gómez Salazar), el respaldo de la Universidad de Montreal, la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoiris y del periodista fallecido Germán Pasos mediante su tesis.
La Codhey es la única institución que cuenta con este estudio en la Península de Yucatán, lo que llena de orgullo a la dirigente.
Se elaboró un informe especial sobre el derecho a la protesta. “Quedó extraordinariamente bien, al grado que sirve para otras comisiones como la de Hidalgo y lo he expuesto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A nivel peninsular es el primero que se hace sobre el derecho a la protesta, sobre todo con ese enfoque de la defensa del territorio, que últimamente ha cobrado mucho auge”.
