La principal preocupación de las organizaciones civiles que participaron en los foros es que las mesas de trabajo se enfocaron principalmente en opciones de infraestructura para vehículos particulares.
Las organizaciones civiles Colectivo Haciendo Ciudad, Cicloturixes, Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida; Colectivo Poder AntiGandalla Mérida, y Reflexión y Acción Feminista emitieron un posicionamiento conjunto en el que solicitan que el préstamo por $1,500 millones que el gobierno del Estado planea contratar para el plan Renacimiento de Mérida priorice inversiones en transporte público, movilidad activa y accesibilidad, en vez de la infraestructura para automóviles tal como se vio en los foros de consulta que recién acaban de concluir.
Los colectivos señalan en su comunicado que su postura se enfoca exclusivamente en el componente de movilidad y vialidades del financiamiento, sin embargo afirman, no se resta importancia a los recursos destinados a seguridad pública y agua.
Según su posicionamiento, tras los diversos foros ciudadanos, reconocen que el gobierno del Estado comenzó a incorporar la pirámide de movilidad en sus presentaciones.
Aunque refieren que la consulta debe permitir analizar distintas alternativas y demostrar cómo las propuestas de la ciudadanía inciden en las decisiones finales.
La principal preocupación de las organizaciones civiles que participaron en los foros es que las mesas de trabajo y la encuesta promovida por el Ejecutivo estatal se enfocaron principalmente en opciones de infraestructura para vehículos particulares.
Por ejemplo, pasos inferiores, retornos, laterales, ampliaciones de carriles, glorietas y puentes peatonales.
A juicio de estas organizaciones, elegir entre distintos tipos de obras para automóviles no representa una discusión sobre modelos de movilidad.
Además agregan que términos como “modernizar”, “adecuar” o “mejorar la infraestructura vial” fueron utilizados sin precisar el tipo de intervenciones que implican esos conceptos.
Entre los señalamientos que hacen es que la encuesta incorporó preguntas orientadas hacia determinados beneficios, incluyó opciones como “todas las anteriores”, pero no consideró “ninguna de las anteriores”.
A ello añaden que los foros ciudadanos fueron realizados entre semana y en horario laboral, lo que limitó la participación de personas trabajadoras, estudiantes y quienes realizan labores de cuidado.
En el posicionamiento publicado en las distintas redes sociales de las organizaciones, rechazan la idea de que el crecimiento del parque vehicular sea inevitable.
Asimismo, argumentan que la dependencia del automóvil responde, en gran medida, a las deficiencias del transporte público y a la falta de condiciones seguras para caminar o utilizar la bicicleta.
Los colectivos señalan que ampliar la capacidad vial no resuelve de manera permanente la congestión debido al fenómeno conocido como demanda inducida, mediante el cual nuevas vialidades o carriles terminan generando más viajes en automóvil.
Respecto al Anillo Periférico de Mérida, indican que la vialidad dejó de funcionar únicamente como una vía de libramiento.
En la actualidad está rodeada de desarrollos habitacionales, hospitales, universidades, escuelas y centros comerciales, por lo que consideran necesario adecuarla a su carácter urbano por medio de infraestructura para peatones, ciclistas y transporte público, además de reducir velocidades.
Las organizaciones sostuvieron que la jerarquía de movilidad establecida en la legislación debe reflejarse en la distribución del presupuesto, privilegiando a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público antes que a la infraestructura destinada a incrementar la capacidad para automóviles.
Entre las acciones que solicitaron financiar con los recursos del préstamo destacan el fortalecimiento de la frecuencia, cobertura e integración del transporte público.
También la construcción y rehabilitación de banquetas accesibles; la aplicación de cruces seguros a nivel de calle; el desarrollo de una red ciclista protegida; auditorías de seguridad vial y accesibilidad, así como evaluaciones sobre demanda inducida e impactos ambientales antes de ampliar infraestructura vehicular.
