La movilización se realizará el 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para exigir el cese de los procesos judiciales que, aseguran, enfrentan por su labor de defensa territorial.
Mérida, Yucatán. Integrantes de diversas comunidades mayas de Yucatán convocaron a una marcha para el próximo 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de exigir el cese de lo que consideran la criminalización de personas defensoras del territorio que participan en movimientos contra distintos megaproyectos en la entidad.
La movilización partirá del Remate de Paseo de Montejo con destino al Palacio de Gobierno, aunque el horario aún está por confirmarse.
Durante una rueda de prensa, representantes de las comunidades de Ixil, Kinchil, Santa María Chi, Molas y Caucel Pueblo expusieron diversos casos relacionados con su oposición a proyectos que, afirman, representan un riesgo para el medio ambiente, el patrimonio cultural y la vida comunitaria de sus territorios.
Los participantes señalaron que la marcha también busca visibilizar los procesos penales que enfrentan algunas personas defensoras y manifestar su rechazo a estas acciones legales.
Entre los casos expuestos se encuentra el de Wilberth Nahuat, quien, según los representantes, recientemente fue deslindado del delito de secuestro que le fue imputado tras el conflicto relacionado con una granja porcícola en la comisaría de Santa María Chi, donde promovió el cierre de operaciones y el retiro de los animales.
Indicaron que las empresas involucradas interpusieron un recurso de apelación contra la determinación de la autoridad judicial de no ejercer acción penal, por lo que consideran que existe la posibilidad de que el caso vuelva a abrirse.
También se refirieron al caso de Sergio Oceransky, representante de la Fundación Yansa, quien actualmente porta un brazalete electrónico como medida cautelar dentro de un proceso judicial. Explicaron que inicialmente fue vinculado por el presunto delito de extorsión, acusación que posteriormente fue reclasificada como amenazas, en un contexto relacionado con sus denuncias sobre un proyecto inmobiliario.
Asimismo, mencionaron el caso de Guillermo, defensor de la comunidad de Ixil, quien enfrenta un proceso penal por el delito de despojo. De acuerdo con los representantes, el acusado sostiene que no se encontraba en el lugar el día de los hechos y afirma que la comunidad únicamente defendía un territorio que considera ancestral.
Según explicaron, este conflicto deriva de una disputa por la posesión de un predio donde particulares buscan desarrollar un proyecto inmobiliario, mientras que la comunidad sostiene que esas tierras forman parte de su territorio tradicional.
Los representantes de las comunidades señalaron que estos casos han generado preocupación entre otros defensores del territorio, quienes temen enfrentar situaciones similares por su participación en la defensa de recursos naturales y tierras comunales.
Con la marcha del próximo 9 de agosto buscarán hacer un llamado a las autoridades para que, desde su perspectiva, cesen los procesos de criminalización contra quienes participan en la defensa de sus territorios.
