El Insejupy impulsa la profesionalización del sector para combatir fraudes inmobiliarios mediante capacitación, certificación y un registro público de asesores autorizados.
Mérida, Yucatán. Un total de 1,272 personas se han registrado en la plataforma digital del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) para obtener la licencia que las acredita como asesores inmobiliarios calificados, requisito que ahora será obligatorio para ejercer legalmente esta actividad en el estado.
La directora del Insejupy, Dalia Isela Piña Alberto, explicó que el nuevo marco legal busca fortalecer la certeza jurídica en las operaciones inmobiliarias, profesionalizar a quienes se desempeñan en este sector y reducir los fraudes derivados de la informalidad.
“Estamos convencidos de que se deben reducir significativamente estos espacios, porque estamos combatiendo la informalidad de las partes que intervienen justamente en la intermediación inmobiliaria”, afirmó.
La funcionaria detalló que uno de los principales mecanismos de la legislación es la expedición de licencias para los asesores inmobiliarios, así como la creación del Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios, una plataforma pública administrada por el Insejupy que permitirá a cualquier ciudadano verificar si un asesor está debidamente autorizado para ejercer.
Para obtener la licencia, los interesados deben registrarse en la plataforma digital del Instituto, acreditar 50 horas de capacitación, de las cuales 10 son impartidas directamente por el Insejupy y las 40 restantes por capacitadores certificados, además de contar con una certificación que avale sus competencias profesionales.
La directora señaló que la legislación también establece obligaciones específicas para los asesores inmobiliarios, entre ellas verificar la situación jurídica de los inmuebles y contar con la autorización por escrito del propietario antes de iniciar cualquier proceso de comercialización.
“Hoy esa confianza debe traducirse en certeza jurídica con elementos ciertos”, expresó Piña Alberto, al exhortar a la ciudadanía a verificar que los asesores cuenten con licencia vigente y aparezcan en el registro estatal antes de contratar sus servicios.
Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden consultar gratuitamente la situación jurídica de cualquier inmueble a través de las plataformas digitales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, además de revisar la información catastral antes de concretar una operación de compraventa.
Como parte del nuevo esquema de control, los notarios públicos deberán preguntar durante la firma de escrituras si existió intermediación inmobiliaria y, en caso afirmativo, verificar que el asesor presente su licencia. Si detectan que una persona ejerció sin autorización, deberán dar aviso al Insejupy para que se determine si procede una investigación.
La legislación contempla sanciones económicas que van de 50 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la suspensión o revocación de licencias para quienes incumplan la normativa o permitan que terceros operen utilizando licencias ajenas.
Respecto al avance del programa, Piña Alberto informó que de las 1,272 personas registradas, 638 ya concluyeron las primeras 10 horas de capacitación impartidas por el Insejupy y deberán completar las 40 horas restantes con instituciones certificadas.
Añadió que, durante el primer mes de expedición de licencias, iniciado en junio, ya fueron otorgadas 130 licencias tipo A, las cuales tienen una vigencia de cinco años.
Finalmente, destacó que todo el procedimiento se realiza de manera digital, desde el registro y la validación documental hasta la expedición de la licencia, proceso que concluye con la captura de datos biométricos y la entrega de una credencial física y otra en formato digital.
