La batalla legal para frenar la instalación de la granja avícola Akutzá, de Bachoco, en el municipio de Peto entró en una nueva etapa. Organizaciones ambientales y especialistas pidieron al Tribunal Colegiado de Yucatán no desechar el amparo promovido por ejidatarios y analizar a fondo los posibles efectos del proyecto sobre el agua y el Sistema Lagunar de Chichankanab.
El exhorto surge luego de que el pasado 12 de junio se aplazara la resolución del recurso. Las agrupaciones advirtieron que cerrar el caso sin estudiar el fondo impediría que las comunidades puedan defender de manera preventiva sus territorios frente a desarrollos con potencial impacto ambiental.
Como parte del proceso judicial, los colectivos entregaron un Amicus Curiae en el que sostienen que la empresa responsable del proyecto y las autoridades deben demostrar que la granja no ocasionará daños al medio ambiente. Aseguran que esa obligación no puede recaer en los habitantes que buscan proteger sus fuentes de agua.
Las organizaciones señalaron que la ubicación del proyecto incrementa la preocupación debido a las características del subsuelo de la Península de Yucatán, donde la filtración de contaminantes hacia acuíferos, cenotes y lagunas representa un riesgo permanente si no existen medidas suficientes de prevención.
También argumentaron que los principios de prevención y precaución, reconocidos por la Suprema Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, obligan a las autoridades a privilegiar la protección ambiental cuando existe incertidumbre sobre los impactos de un proyecto.
Las agrupaciones sostienen que la resolución del Tribunal no solo definirá el futuro de la granja avícola en Peto, sino que también establecerá un precedente para la defensa de los recursos naturales y el acceso a la justicia ambiental de las comunidades de Yucatán.
