Ante el anuncio de que la Federación destinará más de 2.1 millones de pesos a Yucatán en 2026 para fortalecer las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas madres buscadoras cuestionan su posible aplicación, al señalarse el riesgo de que los recursos se concentren en gastos administrativos y no en acciones de campo.
La representante y fundadora del Colectivo Familias Buscadoras de Yucatán, Clara María Gutiérrez Centeno, advirtió que aunque el financiamiento es necesario, su efectividad dependerá de la manera en que se ejecute y de la supervisión que exista sobre su uso, especialmente en áreas clave para la atención de casos de desaparición.
La activista subrayó la necesidad de fortalecer áreas de análisis de contexto que permitan comprender las causas de las desapariciones, así como establecer planes de trabajo con seguimiento real que generen información continua y específica para cada caso.
También alertó sobre la posibilidad de que los recursos se diluyan en estructuras burocráticas si no se garantiza la contratación de personal especializado. En ese sentido, llamó a evitar prácticas de asignación de puestos basadas en compadrazgos o relaciones personales, y priorizar perfiles profesionales con capacidad técnica.
Gutiérrez Centeno señaló además deficiencias en la coordinación entre la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), lo que, dijo, limita la eficacia de las acciones tanto en búsquedas inmediatas como en casos de larga data que no reciben seguimiento suficiente.
Finalmente, la representante del colectivo reiteró que las familias de personas desaparecidas han solicitado participar en la definición de prioridades y en la supervisión del uso de los recursos, sin que hasta ahora sean tomadas en cuenta, al asegurar que las decisiones continúan realizándose sin consulta ni transparencia hacia los familiares.
