La resolución del juez José Enríquez Sáenz Dzul de otorgar libertad condicional a Ricardo Enrique C.C., procesado por feminicidio agravado en grado de tentativa, colocó nuevamente el caso en el centro de atención debido a los antecedentes del imputado y a las preocupaciones expresadas por la víctima.
Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juzgador determinó que el acusado continúe su proceso fuera de prisión, a pesar de que permaneció prófugo durante casi ocho años después de los hechos por los que enfrenta cargos. Entre las medidas impuestas se encuentra la firma periódica, la prohibición de salir del estado y la restricción de acercarse a la víctima.
Como parte de la resolución también se ordenó la colocación de un brazalete electrónico para supervisar los movimientos del imputado. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida por la víctima, actualmente no existen dispositivos disponibles, por lo que la medida no podrá aplicarse de manera inmediata.
La decisión judicial fue cuestionada por Naomi Ríos Covián Abadala Iza, sobreviviente de la agresión que dio origen al proceso penal. La mujer señaló que teme por su seguridad debido a que el acusado presuntamente intentó privarla de la vida y posteriormente abandonó el país para evadir la acción de la justicia durante varios años.
La víctima también informó que solicitó participar de manera virtual en la audiencia donde se revisaron las medidas cautelares, petición que no fue autorizada debido a que actualmente reside fuera de México. Según explicó, las secuelas del ataque y la fuga del acusado la llevaron a establecerse en otro país por razones de seguridad.
Tras conocerse la resolución, Naomi manifestó públicamente su preocupación por la falta de monitoreo electrónico del imputado y por la posibilidad de que vuelva a sustraerse del proceso judicial. El caso continúa en etapa de juicio mientras el acusado enfrenta el proceso en libertad condicional.
