El incumplimiento del pago de la pensión alimentaria en Yucatán ahora implicará no solo cubrir la deuda pendiente, sino también la reparación integral del daño, tras la reforma constitucional aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado.
La modificación establece que las personas que no cumplan con esta obligación deberán asumir los gastos generados para exigir el pago, incluyendo honorarios legales, préstamos y otros costos derivados del proceso. Con ello, se busca que la responsabilidad sea completa y que no se limite únicamente al monto originalmente adeudado.
La reforma fue avalada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, con el respaldo de diputadas y diputados de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, Partido Verde, PRI y una legisladora independiente, en una votación unánime.
El diputado Wilberth Monforte Marfil, impulsor de la iniciativa, explicó que durante años muchas mujeres han enfrentado procesos prolongados para hacer valer el derecho de sus hijas e hijos a recibir alimentos, asumiendo además costos adicionales que no estaban contemplados en la legislación.
Con esta reforma, se establece que no podrá extinguirse la acción penal si no existe una reparación total del daño, reforzando el carácter obligatorio del cumplimiento de esta responsabilidad y fortaleciendo la protección de niñas y niños beneficiarios de la pensión alimentaria.
