Vestidas como amas de casa y con un performance simbólico para “sacar los trapitos al sol”, mujeres se manifestaron en la Plaza Grande de Mérida frente al Palacio de Gobierno de Yucatán para visibilizar problemáticas relacionadas con la atención a víctimas de violencia en la entidad.
La protesta fue organizada por integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán en el contexto de las movilizaciones por el 8 de marzo. Durante la actividad, las participantes dirigieron sus reclamos al gobierno estatal, encabezado por Joaquín Díaz Mena, al señalar rezagos en prevención de la violencia, acceso a la justicia, servicios de salud y derechos reproductivos.
En un manifiesto leído durante la concentración, las activistas señalaron que gran parte de los servicios de atención jurídica y psicológica para mujeres víctimas de violencia se concentran en Mérida, lo que limita el acceso para quienes viven en municipios del interior del estado y en comunidades indígenas.
También advirtieron sobre la falta de personal especializado y la escasa difusión de programas de atención a víctimas, como la Norma Oficial Mexicana NOM-046 para la atención de casos de violencia sexual. Según expusieron, estas condiciones reflejan la necesidad de ampliar la infraestructura y los recursos destinados a la atención de mujeres en la entidad.
Las integrantes del colectivo indicaron que la subsecretaría encargada de prevenir la violencia contra mujeres y niñas cuenta con un equipo reducido para atender a todo el estado, situación que —señalaron— dificulta brindar acompañamiento jurídico y psicológico a quienes buscan denunciar.
Durante el pronunciamiento también se mencionó que en Yucatán sólo una pequeña proporción de delitos se denuncia, lo que implica que la mayoría de los casos no llega a las instancias judiciales. A ello se suma que muchas mujeres en zonas rurales desconocen mecanismos como las órdenes de protección y enfrentan obstáculos para presentar denuncias, entre ellos la falta de intérpretes de lengua maya.
Las activistas también señalaron carencias en la cobertura de servicios de salud fuera de ciudades como Mérida, Valladolid y Oxkutzcab, además de expresar preocupación por la presencia de embarazo infantil en la entidad y por las dificultades que, afirmaron, persisten para acceder a la interrupción legal del embarazo.
Finalmente, las participantes hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para ampliar los servicios de atención en municipios rurales e indígenas, fortalecer la prevención de la violencia y garantizar el acceso a la justicia y a servicios de salud con enfoque de género y territorial.
